El rápido accionar de efectivos de la comisaría N° 1 de Joaquín V. González permitió poner a disposición de la justicia a un hombre que habría sustraído elementos de carga eléctrica de la plaza central.

Como resultado del trabajo preventivo del personal de la comisaria N° 1 de Joaquín V. González se logró la aprehensión de una persona involucrada en la sustracción de una batería instalada en la plaza central.

El hecho se registró en la mañana del lunes cuando efectivos policiales realizaban patrullaje preventivo en la zona y fueron alertados por un transeúnte sobre la presencia de una persona con aparentes intenciones de ilícito.

Al llegar al lugar aprehendieron al sospechoso secuestrando entre sus pertenencias una batería, de la cual no pudo justificar su propiedad.

De averiguaciones realizadas se pudo constatar que el elemento habría sido sustraído de dicho lugar y tenía como función el abastecimiento eléctrico para usos múltiples de los vecinos de la zona.

Esta persona de 53 años de edad quedó a disposición del magistrado interviniente.

La Dirección de Cultura, informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Peluquería, a cargo de la Profesora Mirta Loto.

Las clases se.realizan los días Martes y Jueves de 16 a 17 Hrs.

Por consultas, los interesados deben dirigirse al Salón de casa de la Cultura (Avda Güemes 121).

Los hechos fueron denunciados por la madre de la menor. Fue al tomar conocimiento de que ésta había sido vulnerada en su integridad sexual por su padre mientras convivían.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación Las Lajitas, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra un hombre de 43 años como autor del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo, la minoridad y por la convivencia preexistente.

La mujer denunció en noviembre de 2022 que el padre de sus hijos, había sometido a una adolescente de 14 años a distintos actos que vulneraron su integridad sexual. Esto se produjo estando los menores a su cuidado.

La jueza Carolina Poma Salvadores le impuso una pena de 5 años de prisión de ejecución efectiva y dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.