Metán
Metán: Imputan a un empleado del Tribunal de Faltas por irregularidades en el cobro de multas
La situación fue detectada por una Secretaria Letrada del organismo, quien puso en conocimiento del Juez de Faltas y se inició una investigación.
El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó de forma provisional a un hombre de 61 años como autor de los delitos de fraude y administración fraudulenta en concurso real.
Durante la audiencia de imputación, fue asistido por defensa particular y prestó declaración, aportando su versión de los hechos.
La investigación se inició a partir de una denuncia interna realizada en el Tribunal de Faltas de Metán, donde una Secretaria Letrada del organismo municipal, ante la ausencia del encargado de caja receptora, intentó emitir un recibo por el cobro de una multa y, a partir de esto, detectó irregularidades en el sector, tales como documentación faltante, talonarios duplicados y talonarios cuya numeración no coincidía con la oficial utilizada para la cobranza.
El fiscal Gómez Amado explicó que se trabaja ante la presunción de que el acusado, quien se desempeñaba como encargado de la caja, habría cometido múltiples actos de administración fraudulenta, apropiándose indebidamente y por un lapso considerable de tiempo, de dinero correspondiente al cobro de multas, ocasionando con esto, un grave perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Metán.
Finalmente, señaló que se encuentran en cumplimiento diversas medidas dispuestas para esclarecer lo sucedido.
Metán
Más de 50 años de magia en la Escuela Juana Gorriti: El proyecto «Navidad» que enseña valores y contención en Metán
La Escuela Juana Manuela Gorriti, la más antigua de Metán, celebra una tradición de más de 50 años que promueve la solidaridad y el compañerismo. La directora invita a la comunidad a sumarse como «padrinos» para asegurar la continuidad de esta fiesta de contención y valores.
En el corazón de Metán, la Escuela Juana Manuela Gorriti —la institución educativa más antigua de la ciudad— celebra cada año una nueva edición de su tradicional Proyecto «Navidad», una iniciativa educativa y social que se realiza hace más de 50 años.
El Proyecto «Navidad» es una jornada de festejos que trasciende la celebración religiosa. Su principal objetivo es promover el compañerismo y reforzar los valores en los niños y niñas que asisten a la institución.
La Escuela Gorriti cumple un rol social fundamental, albergando a una gran población de alumnos de bajos recursos, incluyendo a muchos que pertenecen a la comunidad wichi local. Para asegurar la contención integral, la escuela ofrece a sus estudiantes no solo educación de calidad, sino también desayuno, almuerzo y merienda, cubriendo las necesidades básicas de los turnos mañana y tarde.
Durante esta semana, la jornadas escolares se vistieron de gala con el talento de los propios estudiantes. Los alumnos tanto de nivel inicial como primario, muestran un nutrido número de presentaciones de danzas, música y canto, demostrando el trabajo artístico que se desarrolla en el aula.
La directora de la institución, Florencia Sarapura, destacó la importancia del proyecto: «Esta actividad es una de las más importantes que realiza la institución. La escuela Gorriti brinda no solo educación de calidad, sino también contención a cada una de las familias que forman parte de esta comunidad educativa.»
Para que esta tradición pueda seguir creciendo y llevando alegría a sus alumnos, la directora Sarapura hizo una invitación abierta a toda la comunidad de Metán y sus alrededores.
Se busca que particulares, empresas o instituciones se sumen al proyecto actuando como «padrinos del mismo», colaborando con recursos o regalos para los niños y niñas.
Metán
La Municipalidad de Metán finalizó la obra del SUM del Colegio Juan Carlos Dávalos
La obra de la cubierta, que pone fin a años de filtraciones y deterioro, beneficia directamente a tres instituciones educativas. El proyecto se ejecutó en menos de tres meses con mano de obra local y gracias al Presupuesto Participativo, recuperando un espacio fundamental para la comunidad.
La Municipalidad de San José de Metán anunció la finalización de la obra de la cubierta del Salón de Usos Múltiples (SUM) del Colegio Juan Carlos Dávalos, dando una respuesta concreta a un reclamo histórico de la comunidad educativa local.
La obra era una necesidad urgente ya que, durante años, el SUM sufrió un severo deterioro y constantes filtraciones que impedían su uso normal por parte de los alumnos y docentes.
En menos de tres meses, la Municipalidad logró la completa recuperación de este espacio esencial, destacando que el proyecto se ejecutó con mano de obra local y una gestión transparente.
El beneficio de esta obra alcanza a tres importantes instituciones: la Escuela Evelio Melián, el Colegio Secundario J. C. Dávalos y el Instituto de Educación Superior N°6021, quienes ahora podrán utilizar el SUM para actividades deportivas, culturales y pedagógicas.
Esta importante mejora fue posible gracias a la gestión de recursos a través del Presupuesto Participativo, contando con el acompañamiento del Gobernador Gustavo Sáenz y legisladores provinciales.
La obra posee, además, un valor simbólico muy especial: fue ejecutada por un exalumno del colegio, trabajando codo a codo con una ingeniera hija de una docente de la institución, lo que subraya el fuerte vínculo comunitario del proyecto.
Metán
Metán: Procesan a cuatro expolicías por la privación ilegítima de la libertad de una adolescente de 15 años en 1980
De acuerdo con la resolución, la Policía infiltró a un agente como alumno en una escuela secundaria por la aparición de inscripciones consideradas “extremistas”. El espía identificó a la víctima, de entonces 15 años de edad, que fue mantenida cautiva durante un mes en la comisaría de Metán y abusada sexualmente. El fallo dejó sentado que los ataques sexuales eran una práctica sistemática en los centros clandestinos de detención.
La jueza federal de Salta, Mariela Giménez, procesó a cuatro exmiembros de la Policía provincial por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con abuso funcional y violencia, que tuvo como víctima a una adolescente de 15 años, estudiante de una escuela secundaria de la ciudad de Metán, el 12 de septiembre de 1980 y que se prolongó durante un mes.
La resolución judicial fue dictada el 15 de octubre pasado. El excomisario mayor José Paulino Almeida y el exoficial auxiliar Carlos Giménez fueron procesados en grado de autores, mientras que la excomisaria Marta Adelina Rojas y el exagente Pedro Pablo Piquard, como partícipes secundarios.
La decisión de la jueza fue el resultado de una investigación impulsada por el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, e iniciada a partir de la presentación de la víctima, que denunció haber sido detenida y abusada sexualmente en reiteradas oportunidades por dos policías en la comisaria de Metán.
Luego de una extensa y compleja investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó a los cuatro expolicías por privación ilegal de libertad agravada, violaciones sexuales reiteradas y corrupción de menores.
La jueza procesó a los imputados por la privación ilegal de la libertad de la adolescente y tuvo por acreditadas las agresiones sexuales, que caracterizó como una práctica sistemática en la comisaría de Metán.
El análisis del caso realizado por la magistrada se fundó en la legislación especial en materia de violencia de género. Sin embargo, consideró que las agresiones sexuales habían sido cometidas por otras personas -una de ellas fallecida y la otra aún no identificada-, por lo que dispuso el sobreseimiento de los imputados con relación a estos hechos.
Intervención del juez Lona
Previo análisis del caso, la jueza tuvo en cuenta el contexto histórico en que ocurrieron los hechos. En tal sentido, sostuvo que la Policía de Salta llevaba adelante tareas represivas contra supuestos “grupos subversivos”, amparada en la normativa vigente en la época de la última dictadura militar.
En ese marco, sostuvo que la detención de la adolescente se registró el 12 de septiembre de 1980, luego de que en el colegio secundario Juan Carlos Dávalos aparecieron inscripciones consideradas de contenido “extremista”.
Según surgió de la investigación, la Unidad Regional Sur N°3 de la Policía de la Provincia había designado un integrante del Servicio de Inteligencia para infiltrarlo entre los estudiantes y el informante cumplió su cometido y delató a dos alumnas por el hecho.
Tal como fue asentado en el sumario judicial, el 10 de septiembre el entonces juez federal Ricardo Lona –condenado por crímenes de lesa humanidad– libró una orden de allanamiento en busca de “material ideológico subversivo” en la vivienda de las sospechosas. Esta medida se ejecutó dos días después, oportunidad en la que ambas estudiantes fueron detenidas sin orden judicial.
Una de ellas recuperó inmediatamente su libertad, en tanto que la otra fue separada de su madre y quedó detenida por el lapso de un mes. Durante este período ocurrieron las agresiones sexuales acreditadas en el caso.
Práctica sistemática
La jueza Giménez apreció que el relato de la víctima fue espontáneo y detallado, y que poseía todos los indicadores que lo hacían verosímil.
En su análisis, ponderó el informe de la licenciada Verónica Olguín Rufino, del Área de Víctimas de la Unidad Fiscal, quien evaluó que la denunciante se expresó con coherencia lógica entre el contenido del discurso y su estado emocional a la hora de relatar los hechos, lo que -sostuvo- proporcionaba un parámetro de verosimilitud.
La jueza consideró que el informe permitió “brindarle sustento y credibilidad a la declaración de la víctima”. Giménez tuvo por acreditado de manera concluyente la existencia de los hechos de abuso sexual sufridos por la víctima durante su detención.
La magistrada citó un trabajo de la exjueza Lucila Larrandart y puso de relieve que “la violación sexual fue una práctica sistemática y generalizada en los centros clandestinos de detención, por lo que, en dichos casos, conforme lo estipulado en diversos instrumentos internacionales sobre el tema, los delitos sexuales son equiparables a la tortura en cuanto crimen de lesa humanidad, lo que no equivale a decir que queden subsumidos en el delito de tormentos, sino que conservan su especificidad por la gravedad de la ofensa contra el bien jurídico protegido, esto es, la integridad y libertad sexual de la víctima”.
