El Estado salteño cuenta con equipos territoriales, agentes sanitarios que caminan los barrios e intervenciones de urgencia en guardias y líneas de emergencia. Sin embargo, una vez superada la primera alerta, el sistema queda a ciegas y es incapaz de saber qué ocurre después con la persona afectada.
Esa es la principal advertencia que arrojó una rigurosa investigación de la agencia Ciudadana Comunicación, elaborada sobre la base de registros de organismos públicos y del diagnóstico 2025-2026 de la Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos (CIPAC).
Números que desnudan la desconexión
El quiebre más alarmante surge de los propios relevamientos de Atención Primaria de la Salud (APS) correspondientes al año 2026:
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Abuso de alcohol: De 2.881 familias identificadas con esta problemática en la provincia, apenas 41 tenían un tratamiento registrado, lo que representa un ínfimo 1,42%.
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Drogas ilegales: Sobre 1.887 familias con consumo problemático detectado, solo 36 contaban con constancia de atención, equivalente a un 1,91%.
Si bien estas cifras no implican de forma concluyente que el resto carezca de asistencia —algunos pueden haber recurrido a dispositivos comunitarios o privados no integrados—, ponen en evidencia la mayor falencia del circuito: la provincia no posee herramientas para verificar si las derivaciones médicas se cumplen, si el paciente asistió a los turnos o si abandonó el proceso.
La disparidad territorial: el contraste entre Salta Capital y el interior
El relevamiento expone además una marcada brecha en el alcance del sistema preventivo. Durante el primer semestre de 2026, los agentes sanitarios cubrieron al 42,5% de la población salteña (577.072 personas), pero con notorias desigualdades:
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En la ciudad de Salta, donde se concentra el 42% de los habitantes, la cobertura de APS apenas alcanzó el 9,9%.
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En contraposición, el interior provincial mostró mayor presencia territorial: la zona sur registró un 65,2% de cobertura, el norte un 66,2% y el oeste provincial llegó al 69,2%.
Esta brecha distorsiona los diagnósticos: en las zonas con menor cobertura no necesariamente hay menos adicciones, sino menor capacidad estatal para golpearle la puerta a la familia e identificar la problemática.
El informe remarcó que las adicciones hoy se visibilizan predominantemente en la emergencia y no en el seguimiento ambulatorio preventivo. En el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone, los consumos representaron el 9,9% de las urgencias por guardia durante 2025, frente a un escaso 1,5% en consultas programadas.
Asimismo, el Servicio de Psicología del 911 intervino en 2.836 situaciones críticas de salud mental y adicciones (entre julio de 2025 y junio de 2026) con un equipo de solo cinco profesionales. Cerca del 20% de esas intervenciones (567 casos) terminó en derivaciones rechazadas o inasistencia del paciente al turno. Ningún registro estatal sabe qué pasó después con esas 567 personas.
A este panorama se suma que la provincia apenas dispone de siete centros especializados en seis municipios (como el CEDIT en Capital, Tinku en Orán o Puente Norte en Tartagal), sin datos públicos sobre listas de espera o cupos reales.
La CIPAC planteó la urgencia de cambiar el paradigma: dejar de computar únicamente planillas aisladas de llamados, camas ocupadas o folletos entregados, para empezar a seguir las trayectorias humanas de atención.
Para que la ayuda sea real y sostenible, se requiere articular a Salud con Educación (detección temprana en aulas), Desarrollo Social (condiciones de vivienda, transporte y cuidado familiar) y actualizar los protocolos policiales, cuyo manual de abordaje data de 2008 y continúa desfasado. Mientras cada ministerio funcione como una isla, el Estado salteño seguirá detectando el dolor sin saber si alguna vez logró curarlo.
Fuente: Página 12
