La Justicia Federal dio un nuevo y contundente golpe contra una presunta organización criminal dedicada a la gestión ilegal de beneficios previsionales en el interior de la provincia. Este martes se concretó la segunda fase operativa de una investigación que busca desarticular una maniobra millonaria con pensiones por invalidez adulteradas. Por disposición judicial, efectivos de Gendarmería Nacional llevaron adelante nueve allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados en las localidades de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.
Esta nueva arremetida es la continuación de una primera etapa de procedimientos que tuvo lugar en septiembre de 2025. En aquella oportunidad, el Juzgado Federal de Garantías N° 1 había ordenado registrar clínicas privadas, hospitales públicos y domicilios particulares. Tras los elementos reunidos en esta segunda etapa, la Justicia analiza ahora imputar a otras ocho personas, entre las que se encuentran profesionales médicos y funcionarios políticos del interior provincial.
Las pruebas recolectadas por las fuerzas federales durante los recientes allanamientos dejaron al descubierto la burda matriz operativa que utilizaba la organización para burlar los controles del Estado.
Los investigadores incautaron una gran cantidad de radiografías de tórax y columna pertenecientes a diferentes personas. Lo llamativo es que cerca del 90% de las placas exhibían exactamente el mismo diagnóstico: desviación de columna. Se detectó que algunas de las radiografías presentaban espacios en blanco en el sector del membrete, listos para ser completados posteriormente con la identidad de cualquier supuesto paciente ficticio.
Además, se secuestraron estudios clínicos con resultados positivos para la enfermedad de Chagas. De acuerdo con los peritajes preliminares, estos estudios eran copias de análisis originales que se reproducían masivamente para respaldar múltiples trámites de pensión.
Punteros, convenios electorales y un exfuncionario a la cabeza
De acuerdo con el desglose de las pruebas acumuladas hasta el momento en el expediente, la organización delictiva habría sido impulsada y coordinada por un exfuncionario municipal de una localidad del departamento Anta.
El esquema de fraude funcionaba mediante el despliegue de punteros políticos en el territorio. Estos intermediarios se encargaban de captar a familias numerosas y en situación de extrema vulnerabilidad social para ofrecerles un acceso rápido a las pensiones por invalidez. Sin embargo, el beneficio no era gratuito: a cambio de la gestión del dinero estatal, los beneficiarios debían garantizar estrictamente su apoyo electoral en las urnas para las facciones políticas involucradas.
La investigación penal se inició formalmente en noviembre de 2024 a raíz de una denuncia preliminar. Debido a la enorme complejidad de la ingeniería delictiva y la cantidad de organismos afectados, en junio de 2025 la Unidad Fiscal Federal de Salta resolvió conformar un equipo especial integrado por miembros de tres fiscalías descentralizadas para profundizar el caso.
Las primeras personas imputadas en el marco de este expediente judicial afrontan cargos sumamente graves, bajo los delitos de asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
