En el recinto legislativo, con la presencia de ambas cámaras, se llevó a cabo una reunión en la que autoridades de la Corte de Justicia y del Ministerio Público brindaron detalles del proyecto de reforma del Código Procesal Penal que impulsa el Poder Ejecutivo Provincial.
El encuentro estuvo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat. Participaron la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero Cornejo; el juez de Corte, Pablo López Viñals; el procurador general, Pedro García Castiella; y el presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Martín Diez Villa.
Ovejero Cornejo explicó que la iniciativa busca consolidar la oralidad en los procesos penales, destacando los resultados obtenidos desde febrero de 2023 con el Plan Piloto de Oralidad. Según indicó, más del 40% de las causas alcanzaron soluciones tempranas, disminuyendo de manera notoria los plazos de tramitación. También remarcó la modernización de las salas de audiencia, que hoy cuentan con sistemas de videograbación y acceso inmediato a los registros por parte de las partes intervinientes.
En esa línea, señaló los avances logrados en la interconexión informática con el Ministerio Público Fiscal y en la implementación del expediente digital. Además, subrayó la importancia de la Oficina Judicial, que asume la gestión administrativa y organiza las audiencias, permitiendo que los magistrados concentren su tarea en las decisiones jurisdiccionales.
El juez López Viñals recordó que el proceso de reforma comenzó en 2011 y sostuvo que es necesario reemplazar el esquema escritural vigente. “La oralidad plena desde el inicio hasta la finalización es la vía más adecuada para administrar justicia”, expresó. Consideró que el proyecto oficial se ajusta a la experiencia acumulada en estos años y que la provincia podrá consolidar un modelo que se proyecte en el tiempo.
Por su parte, el procurador García Castiella afirmó que la transformación facilitará una gestión penal más dinámica, orientada a mecanismos restaurativos. A su turno, Diez Villa señaló que se avanzará hacia un sistema adversarial pleno, con el principio de igualdad de armas como garantía de un proceso equilibrado y transparente.
De acuerdo con lo previsto, la reforma comenzará a aplicarse en febrero de 2026 en el Distrito Judicial del Centro y se extenderá gradualmente al resto de los distritos provinciales.
La reunión legislativa dejó expuesto que se trata de un paso determinante para adecuar el sistema penal a las exigencias actuales y reforzar la accesibilidad de los ciudadanos a una justicia más rápida y eficaz.
