En la política argentina, el «timing» lo es todo. El reciente decreto firmado por el presidente Javier Milei, que otorga adelantos de fondos de coparticipación a 12 provincias —entre ellas Salta—, es una pieza de relojería financiera y política. Si bien el envío de fondos es una respuesta necesaria ante una caída del 11,3% en la recaudación de marzo, la coincidencia con la agenda legislativa de la próxima semana despierta interrogantes sobre la verdadera autonomía de nuestras provincias.
El próximo miércoles 8 de abril, el Congreso se encamina a tratar la modificación de la Ley de Glaciares. Para Salta, una provincia con un destino minero indiscutible y una adhesión firme al RIGI, el desarrollo de esta industria es el pilar de su futuro económico. Sin embargo, la discusión hoy no es «minería sí o minería no», sino la presión política que se ejerce sobre quienes deben apretar el botón en su banca.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el del Interior, Diego Santilli, han logrado una jugada maestra: ordenar la relación fiscal con los gobernadores que «todos los meses piden adelantos para pagar paritarias». Pero este alivio financiero, que llega con una tasa del 15% (mucho más barata que cualquier crédito externo), parece ser el «peaje» para asegurar que los alfiles libertarios y sus aliados provinciales no saquen los pies del plato.
Para los legisladores salteños, la situación es incómoda. Por un lado, representan a una provincia que necesita imperiosamente que la actividad minera progrese para generar empleo y divisas. Por el otro, el desembolso millonario de Nación funciona como un recordatorio silencioso: sin el apoyo del Ejecutivo central, las cuentas provinciales simplemente no cierran.
La reforma de la Ley de Glaciares es resistida por sectores ambientales y ha generado un pedido de audiencia pública con más de 100.000 inscriptos. Es un debate técnico y soberano que debería darse con total libertad de pensamiento. No obstante, con las paritarias locales «incendiadas» y una pérdida superior a $1,15 billones para el conjunto de las provincias en lo que va del año, la libertad de voto parece un lujo que pocos pueden permitirse.
El desafío de Salta
Salta ha demostrado ser una jurisdicción dialoguista, pero este nuevo escenario de «adelanto por leyes» pone a prueba el carácter de sus representantes. El desarrollo minero debe ser una política de Estado planificada, no una moneda de cambio para cubrir el bache fiscal de un mes crítico.
En el Congreso se verá si el federalismo sigue siendo una bandera de principios o si se ha convertido definitivamente en una gestión de cobranzas. El miércoles, los legisladores salteños no solo votarán una ley; votarán bajo la sombra de una chequera que, por ahora, es la única que mantiene las luces prendidas en las provincias.
El dato de relevancia es que el adelanto financiero deberá ser devuelto por Salta antes de finalizar el 2026. Una soga que aprieta, pero que por ahora permite seguir respirando en medio de la crisis más profunda de recaudación de los últimos años.
