Los recientes datos publicados por el INDEC sobre pobreza, distribución del ingreso y desempleo muestran una mejora estadística en relación con semestres anteriores. Sin embargo, lejos de reflejarse en el día a día de la población, esos avances conviven con una sensación generalizada de deterioro.
La reducción del índice de pobreza, que pasó del 53% al 38% en el segundo semestre de 2024, y el desempleo, que cerró el año en un 6,4%, parecen responder más a un ordenamiento macroeconómico que a un cambio estructural en la vida de los argentinos. Los indicadores pueden haberse movido en el papel, pero en los barrios, en las familias, en los lugares de trabajo, el cambio no se percibe.
El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, sigue estancado en 0,43 puntos, muy lejos del 0,36 que alguna vez posicionó al país como una sociedad más equitativa. Hoy, las distancias entre quienes acceden a servicios básicos y quienes no, entre quienes logran consumir y quienes deben restringirse hasta en lo esencial, marcan una brecha profunda.
En las encuestas, una mayoría afirma que se vive peor que en los años 80. El retroceso no solo es económico: también hay una percepción de empobrecimiento educativo, social y cultural. La clase media, otrora motor del país, se desdibuja frente a una realidad que arrastra a muchos hacia la vulnerabilidad.
El consumo, históricamente asociado al bienestar, hoy está fuera del alcance de amplios sectores. No es una cuestión de percepción, sino de hechos concretos: los sueldos no alcanzan, la inflación persiste y la calidad de vida se deteriora.
Así, mientras los indicadores oficiales muestran una tendencia favorable, en la calle se sostiene otra lógica: la del esfuerzo diario, la del recorte permanente, la del sobrevivir. El desafío sigue siendo enorme; lograr que las mejoras no se queden en las estadísticas y empiecen a sentirse en la mesa de los hogares argentinos.
