La consigna de «no hay plata» parece tener excepciones cuando se trata de la banca pública. Una investigación basada en datos de la Central de Deudores del BCRA reveló que varios de los principales rostros del gobierno de Javier Milei y diputados de La Libertad Avanza han obtenido créditos hipotecarios millonarios a través del Banco Nación (BNA), encendiendo una mecha de indignación en las redes sociales.

Bajo la lupa del sitio “¿Cuánto deben?”, se descubrió que funcionarios como Felipe Núñez (asesor de Caputo) o Federico Furiase (Secretario de Finanzas) mantienen deudas que superan los 300 millones de pesos. El caso más llamativo es el de Pedro Inchauspe, director del BCRA, con un pasivo de $510 millones.

¿Beneficios exclusivos para la política?

El Banco Nación salió rápidamente a defenderse mediante un comunicado en X, asegurando que el proceso es «homogéneo y sin excepciones». Sin embargo, la letra chica de la línea “+Hogares sector público” cuenta una historia distinta:

• Financiación del 90%: Mientras que a un ciudadano común se le financia hasta el 75% del valor de la propiedad, los funcionarios públicos pueden cubrir casi el total de la vivienda.

• Tasas imbatibles: Con un 6% anual, el crédito del BNA es el más barato del mercado, superando ampliamente a la banca privada.

• Estabilidad en duda: Expertos financieros cuestionan si un funcionario político (que puede ser removido en cualquier momento) debe ser tratado con la misma preferencia que un empleado público de carrera con estabilidad garantizada.

El diputado socialista Esteban Paulón fue el primero en mover las piezas en el Congreso, solicitando un informe detallado. La sospecha de la oposición es grave: algunos de estos créditos habrían sido otorgados luego de votaciones trascendentales en el Congreso o tras la afiliación de los beneficiarios al partido gobernante.

«Llama muchísimo la atención el otorgamiento de cientos de millones a legisladores vinculados a LLA. Es fundamental que haya total transparencia en el manejo de la banca que es de toda la sociedad», disparó Paulón, comparando la situación con escándalos históricos de la entidad.

Los nombres en el ojo de la tormenta

Entre los beneficiarios que aparecen en la lista pública figuran:

• Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”): Director de Comunicación Digital, con un crédito de $112 millones.

• Emiliano Mongilardi: Director de YPF, con $309 millones.

• Diputados LLA: Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que oscilan entre los $230 y $280 millones.

La noticia ya circula con fuerza y las opiniones están divididas. El BNA argumenta que son clientes con cuenta sueldo y cumplen el scoring, pero ¿es ético que tengan mejores condiciones que el resto de los argentinos?

Conseguir el primer empleo en Argentina siempre fue un rito de pasaje difícil, pero hoy se ha transformado en una trampa de precariedad. Según el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), la realidad es indiscutible: el 67,4% de los jóvenes de entre 16 y 24 años trabaja en la informalidad.

Esto significa que casi 7 de cada 10 nuevos trabajadores no tienen recibo de sueldo, ni cobertura médica, ni jubilación a futuro. La cifra es alarmante no solo por su magnitud —supera por 24 puntos la media nacional— sino por su persistencia: el estudio advierte que los niveles de precarización son idénticos a los de 2008. Llevamos casi dos décadas estancados en el mismo barro.

El estudio, coordinado por los especialistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, muestra una brecha generacional profunda. Mientras que en el segmento de 45 a 64 años la informalidad baja al 34,2%, los jóvenes cargan con el peso de un sistema que parece no tener lugar para ellos en el «mundo en blanco».

Argentina se ubica hoy en el cuarto lugar de informalidad en la región, solo superada por Chile, Brasil y Costa Rica. Pero el dato más doloroso es el impacto social: el 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres. Trabajar ya no garantiza salir de la pobreza; a veces, apenas sirve para no caer en la indigencia.

¿Un país para pocos?

Este escenario de fragilidad laboral se da en un contexto nacional de máxima tensión. Mientras el Gobierno Nacional de Javier Milei celebra victorias, la realidad en la calle muestra una desocupación del 7,5% y una informalidad total del 43%.

Incluso en ciudades del interior como San José de Metán, el panorama no es ajeno. El joven que hoy sale a buscar una oportunidad se encuentra con un mercado asfixiado por la suba de combustibles y una economía que privilegia el «día a día» por sobre la planificación a largo plazo.

Debate abierto: ¿De quién es la culpa?

La publicación de estos datos ha encendido la mecha del debate. Las posturas están divididas y plantean interrogantes que exigen respuestas urgentes:

• ¿Leyes obsoletas?: ¿Es culpa de un marco laboral rígido que espanta a los empleadores a la hora de contratar jóvenes?

• ¿Falta de formación?: ¿El sistema educativo prepara a los chicos para los empleos que realmente existen?

• ¿Cultura de la precarización?: ¿Nos acostumbramos como sociedad a que «el primer laburo siempre es en negro»?

• ¿Responsabilidad política?: ¿Por qué desde 2008 ningún gobierno, de ningún signo político, pudo perforar este piso de informalidad?

En un fallo que desarma una de las piezas clave de la reforma laboral de Javier Milei, el juez José Ignacio Ramonet suspendió la «esencialidad» educativa. La medida, que obligaba a mantener las escuelas abiertas con un 75% del personal durante las huelgas, quedó sin efecto tras un amparo presentado por el gremio UDA.

Para la Justicia, el derecho constitucional a la huelga no puede ser anulado por un decreto o ley que lo vacíe de contenido. «Esencial es garantizar salarios dignos, no restringir derechos», disparó el sindicalista Sergio Romero tras conocerse la sentencia.

Mientras el Gobierno Nacional se enfoca en una agenda internacional de máxima tensión, que incluye la reciente expulsión del diplomático iraní y un alineamiento bélico que muchos consideran riesgoso para la paz en suelo argentino, el frente judicial interno le sigue propinando derrotas.

Este freno a la reforma laboral se suma a otros 83 artículos suspendidos, dejando a la gestión Milei en una encrucijada: insistir con cambios profundos por decreto o negociar con los sectores que hoy recuperan su poder de fuego en las calles.