Condenan a 7 años al empleado judicial ded Metán por transporte de 23 kilos de marihuana

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó este jueves a Daniel Fernando Aponte, empleado del fuero penal provincial, a 7 años de prisión por liderar una operación de transporte de 23 kilos de marihuana con destino a la ciudad de Rosario de la Frontera.

El tribunal, integrado por las juezas Marta Snopek y Gabriela Catalano, y el juez Diego Matteucci, también condenó a Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna a 6 años de prisión. La sentencia incluyó el decomiso de la camioneta Kia Sorento utilizada para el traslado de la droga, propiedad de la empresa Aponte SRL, de la que el funcionario judicial es socio.

La fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, condujo la investigación con la colaboración de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana y el abogado José Manuel Lavilla. La fiscalía había solicitado penas de 7 años para Aponte y Peralta, y 6 años para Luna, con lo que hubo concordancia parcial con la resolución del tribunal.

Según la acusación, Aponte organizó la maniobra, proveyó el vehículo, controló el traslado y coordinó la defensa del transportista detenido, instruyéndolo para no declarar. Peralta cumplió un rol intermedio, supervisando el recorrido y asegurando la logística del transporte, mientras que Luna actuó como conductor.

El caso se originó el 21 de diciembre pasado, cuando la Gendarmería Nacional, en un control vehicular sobre la ruta provincial 5, detuvo la camioneta conducida por Luna. Durante la inspección, los gendarmes detectaron irregularidades en los paneles de carga y descubrieron 24 paquetes de marihuana, con un peso total de 23,663 kilogramos, equivalentes a 438.304 dosis, suficientes para casi 13 dosis por habitante de Rosario de la Frontera.

Durante el juicio, la fiscal Gallo destacó el impacto que la droga incautada podría haber tenido en la comunidad local, donde se registran altos índices de consumo y delitos vinculados a adicciones. Subrayó que los tres acusados residían en la ciudad y actuaban en perjuicio directo de sus propios vecinos.

La investigación incluyó análisis de teléfonos celulares, entrevistas a gendarmes y peritajes técnicos que permitieron determinar la participación de cada acusado. La fiscalía probó que Aponte ejercía control absoluto sobre la operación, Peralta supervisaba la logística y Luna trasladaba el cargamento desde Orán hasta Rosario de la Frontera, ocultando la droga en paneles modificados de la camioneta.

Asimismo, se estableció que Aponte intervino para garantizar la defensa de Luna ante la justicia, pagando honorarios y orientando su testimonio, lo que constituyó un agravante en la acusación. Los tres imputados se abstuvieron de declarar durante el juicio.

Finalmente, el tribunal rechazó los planteos de las defensas sobre supuesta participación secundaria, confirmando la responsabilidad penal de los tres implicados. La resolución constituye un antecedente relevante en materia de narcocriminalidad y control de transporte de estupefacientes, subrayando la coordinación entre la fiscalía, la Gendarmería Nacional y las instituciones judiciales provinciales.