Hay hechos que sobrepasan la ineficiencia y se convierten en una falta de respeto abierta a la comunidad. Que el cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios “Posta de Yatasto” de San José de Metán tenga que salir a vender rifas para juntar dinero, arreglar autobombas o ponerles combustible no es una anécdota pintarresca de solidaridad: es el síntoma doloroso de una casta dirigencial que administró la institución con total desprecio por la transparencia.
La confirmación de que la Federación Salteña de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil debieron conformar una comisión normalizadora para tomar el control administrativo del cuartel saca a la luz el verdadero trasfondo de la crisis. El dato es demoledor y no admite atenuantes: desde 2021 a la fecha, no se presenta un solo balance ni rendición de cuentas como corresponde.
Cuatro años de opacidad y seis de castigo económico
¿Cómo es posible que una entidad de bien público funcione en la más absoluta penumbra documental durante tanto tiempo? La negligencia tiene nombres y apellidos en la cadena de responsabilidades. La anterior conducción de Miguel Ángel Morales instauró una mecánica de desinterés que dejó al cuartel sin acceder a los subsidios nacionales por falta de rendición de fondos durante seis años consecutivos.
Pero lejos de subsanar el desastre, la gestión posterior encabezada por el actual diputado provincial Rodrigo García dio continuidad a ese apagón administrativo. Resulta doblemente grave e inadmisible que un representante del pueblo, con acceso y conocimiento de la gestión pública, haya sido incapaz de regularizar los libros de una institución tan sensible. García recién entregó la documentación ante la inminencia de la intervención, tras años donde la falta de presentación de balances condenó a los voluntarios a la autofinanciación.
El cuerpo activo sostiene lo que la política hundió
El contraste moral dentro del cuartel de Metán es éticamente insostenible. Mientras en las oficinas directivas los papeles se acumulaban sin rendir, los hombres y mujeres de la dotación mantuvieron un cuerpo activo disciplinado, capacitado y listo para salir ante cualquier incendio o tragedia vial en las rutas del sur provincial. La vocación de servicio tapó, hasta donde pudo, los agujeros negros del desmanejo dirijencial.
La comisión normalizadora —integrada por el titular de la Federación, Gustavo Alberto Díaz, junto a la exconcejala Nancy Figueroa, Germán Maurell y Gisela Castro— afronta ahora la titánica tarea de reconstruir el inventario, desatar el nudo burocrático ante Personería Jurídica y llamar a una asamblea limpia.
Figueroa, con una historia familiar de 26 años vinculada al cuartel, remarcó públicamente su decisión de sumarse ad honorem para intentar reparar el daño:
“Sin juzgar lo ocurrido en cada gestión, es innegable que una cadena de acontecimientos llevó al cuartel a un momento muy difícil. Asumo este rol sabiendo que implicará grandes desafíos, pero mi prioridad es velar por la seguridad de quienes arriesgan su vida por los vecinos sin recibir una paga”.
Exigir balances presentados y cuentas claras no es un trámite formal: es la única forma de garantizar que el presupuesto que corresponde por ley llegue a donde tiene que estar, que es en el equipamiento de los bomberos y no en el cajón del olvido de los dirigentes de turno.
