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Diputados evalúa denunciar al Gobierno nacional por timbear los fondos de las rutas en el mercado financiero
La Comisión de Obras Públicas de la Cámara Baja se reunirá este martes para analizar la subejecución presupuestaria y la posible malversación de fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). En lugar de reparar la destrozada red vial nacional, el Ejecutivo habría colocado cerca de 1,5 billones de pesos en plazos fijos y títulos públicos para «hacer caja» y dibujar el superávit fiscal.
Mientras las carreteras del país se desmoronan en un estado de abandono crítico que cobra vidas a diario, la gestión del Gobierno nacional suma un nuevo capítulo de severas sospechas por el destino de los fondos públicos. Este martes, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación mantendrá una reunión clave en la que se definirá si se elevará una denuncia penal contra el Ejecutivo por el presunto delito de malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El eje del escándalo radica en el manejo del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). La caja vial, que según estimaciones contó con una partida de 1,5 billones de pesos específicamente recaudados y presupuestados para el mantenimiento y repavimentación de caminos, no fue ejecutada para tal fin. Lejos de derramarse en asfalto, infraestructura o seguridad para los conductores, una parte sustancial de esos recursos habría sido desviada hacia el sistema financiero, utilizándose para la compra de títulos públicos, especulaciones en plazos fijos e instrumentos de mercado.
Ajuste y especulación: la receta del «falso superávit»
La parálisis de la obra pública ya no solo se explica por la mentada «austeridad», sino por una deliberada maniobra de retención de fondos para sostener artificialmente el superávit fiscal. Con este esquema de «timba financiera», el Estado nacional apenas licitó obras para 9.000 kilómetros de rutas, cuando la caja disponible permitía intervenir de manera inmediata más de 25.000 kilómetros en todo el territorio nacional.
Esta política de vaciamiento impacta de forma letal en las provincias del Norte Grande (NOA y NEA), marcando una vergonzosa discriminación en la distribución de partidas. Salta, por ejemplo, ha sido una de las jurisdicciones más castigadas al recibir tan solo un magro 4,64% de determinados fondos discrecionales y un recorte del 67% en materia de salud pública, quedando dramáticamente relegada en comparación con la asignación presupuestaria otorgada a otras regiones.
La retención injustificada de divisas presupuestadas no es un hecho aislado: se alinea con la parálisis absoluta en la construcción de viviendas, la quita indiscriminada de subsidios al transporte, el desfinanciamiento del PAMI y la falta de actualización en los aranceles para el área de discapacidad, un sector cuya emergencia ya busca ser prorrogada en el Congreso ante el vencimiento del marco regulatorio.
La Justicia, el próximo paso
Ante la contundencia de los datos que confirman la subejecución y el desvío de partidas hacia la especulación financiera, el Congreso nacional avanza para poner un límite institucional.
La Comisión de Obras Públicas revisará en detalle los balances presupuestarios y las colocaciones bancarias del área de Vialidad para fundamentar la presentación judicial. De concretarse la denuncia en los tribunales federales, las autoridades del Ejecutivo deberán explicar ante la Justicia por qué prefirieron generar intereses bancarios con el dinero de los contribuyentes en lugar de arreglar las rutas destruidas del país.