El mes de abril marca el inicio de una nueva etapa de incertidumbre para miles de familias en la provincia. La eliminación definitiva del programa «Volver al Trabajo» por parte del Gobierno nacional representa el cierre del último esquema de continuidad de lo que fuera el Potenciar Trabajo, dejando sin red de contención a los sectores más postergados de la economía informal.

Desde las organizaciones sociales, el diagnóstico es alarmante. Darío Limachi, dirigente de Libres del Sur Territorial, advirtió que el impacto de este recorte será «devastador», especialmente en el interior de la provincia, donde las oportunidades laborales son prácticamente nulas.

Aunque las planillas oficiales registran a 52.739 titulares directos en Salta —concentrados mayoritariamente en el área metropolitana y los departamentos del norte—, el impacto real se multiplica al analizar el entorno familiar. «Si sumamos a sus familias, el impacto alcanza a cerca de 200.000 personas», sostuvo Limachi.

A pesar de que el monto del beneficio se encontraba congelado en 78.000 pesos, para miles de salteños ese ingreso representaba la diferencia entre comer o no. «Para muchas familias significaba poder pagar el alquiler, los servicios o garantizar comida por semanas», remarcó el referente, desmitificando la idea de que se trata de un monto «prescindible».

El Gobierno nacional fundamenta la supresión del subsidio bajo la premisa de incentivar la inserción en el mercado laboral privado. Sin embargo, los dirigentes territoriales cuestionan duramente esta lógica en un contexto de recesión y caída del empleo.

«Hablan de volver al trabajo, pero la realidad es que no hay empleo suficiente», sentenció Limachi. El coordinador resaltó que el programa no era solo una transferencia de dinero, sino que permitía generar cooperativas y capacitar a personas sin experiencia previa, creando un puente que hoy queda dinamitado.

La crítica central apunta a la falta de gradualismo y la ausencia de propuestas superadoras. Para los referentes sociales, el Estado debería haber fortalecido y orientado el programa en lugar de suprimirlo totalmente, entendiendo que hay sectores que se encuentran estructuralmente fuera del mercado laboral formal.

Con la eliminación de esta herramienta, el Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo a su política de «déficit cero», pero traslada el costo directamente a los barrios populares de Salta, donde la previsibilidad económica acaba de desaparecer junto con el último rastro del Potenciar Trabajo.

El panorama en las vidrieras es el reflejo de una contradicción política y una urgencia económica. Mientras el presidente Javier Milei sostiene su bandera de no intervención estatal, la realidad del mercado interno ha forzado la reaparición de herramientas que el propio mandatario solía tildar de «populistas»: las 12 cuotas sin interés.

Este giro en la estrategia económica busca desesperadamente reactivar el consumo de indumentaria, un sector que hoy atraviesa uno de sus inviernos más crudos, no solo por el clima, sino por la parálisis total de las ventas. Sin embargo, lo que para el consumidor parece un alivio, para el comerciante local representa un nuevo desafío logístico y financiero.

La realidad del sector textil es crítica. Los comerciantes aseguran que han llegado a un techo donde ya no pueden reducir más sus márgenes de ganancia. «Nosotros no somos formadores de precios y sufrimos la peor parte, porque no podemos bajar más allá del costo», señaló un comerciante, marcando la distancia entre los grandes industriales y el eslabón final de la cadena de ventas.

A pesar de la retórica libertaria que prometía alivio al sector privado, los comerciantes aseguran que la presión del Estado sigue siendo el principal verdugo. «Si no nos bajan los impuestos, aunque sea un poco a nivel municipal, provincial y nacional, nos matan. Hoy estamos sufriendo las consecuencias con ventas nulas», advirtieron.

La paradoja es clara: un gobierno que propone la libertad de mercado termina recurriendo a programas de cuotas financiadas —históricamente asociados a gestiones anteriores— para evitar el colapso del consumo masivo.

El comportamiento del salteño promedio también ha mutado ante la crisis. El efectivo y las transferencias han pasado a un segundo plano, dejando a la tarjeta de crédito como la única balsa de salvación. «Ya casi no se paga en efectivo. La gente elige financiar», detallaron, indicando que el invierno es la última esperanza del rubro antes de que lleguen las liquidaciones post Día del Padre.

En este escenario, el regreso de las 12 cuotas funciona como un respirador artificial para un comercio que, entre el idealismo político y la necesidad de caja, solo busca sobrevivir a la temporada.

El Gobierno de la Provincia ofrece una recompensa de $10.000.000 para aquellas personas que aporten información relevante y verificable que permita dar con el paradero de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La medida fue establecida mediante el Decreto N° 178, luego de que se registrara la fuga del detenido el pasado sábado 4 de abril desde la Alcaidía, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su ubicación.

Peloc se encontraba detenido en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. El hecho generó una fuerte conmoción social y un estado de preocupación en la comunidad.

En este marco, y a solicitud del Procurador General de la Provincia, el Gobierno provincial resolvió implementar esta medida con el objetivo de reforzar los mecanismos de búsqueda y contribuir a la tranquilidad de la sociedad.

Las personas que cuenten con información podrán aportarla ante los fiscales o la autoridad judicial interviniente, de manera personal o a través de terceros. Se garantiza la reserva de identidad.

Asimismo, se estableció que no podrán acceder a la recompensa funcionarios públicos ni personas que pertenezcan o hayan pertenecido a fuerzas de seguridad o a organismos de inteligencia del Estado