El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia resolvió avanzar con el proceso de cesantía contra Pablo Emanuel López, docente y concejal capitalino, luego de que se conociera públicamente una denuncia penal en su contra por hechos de violencia sexual, física y económica. La gravedad de las acusaciones generó un fuerte impacto institucional y la respuesta oficial fue inmediata.
Por instrucción directa de la ministra Cristina Fiore Viñuales, se activó el procedimiento legal correspondiente para apartar de manera preventiva a López de sus funciones docentes. La decisión fue comunicada a la Dirección del Nivel Secundario y a la Dirección General de Personal, mientras se sustancia el sumario administrativo.
La cartera educativa dejó asentado que no se tolerarán situaciones de esta índole dentro del sistema educativo, independientemente de los cargos o funciones que ostente el involucrado. “La protección de los estudiantes y la integridad de la comunidad educativa están por encima de cualquier interés personal o político”, indicaron fuentes ministeriales.
El caso, que ya es investigado por la Justicia, continúa su curso en la órbita penal, pero en paralelo la Provincia avanzó con medidas que podrían derivar en la expulsión definitiva del sistema educativo. La denuncia, que involucra hechos de extrema gravedad, sacudió al ámbito político y docente de la capital salteña.
