Una de las facturas políticas más escandalosas y gravosas de la historia reciente de la provincia acaba de quedar firme, y su costo impactará de lleno en los bolsillos de todos los salteños. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó la última apelación para revertir el fallo por la expropiación de Casos Austria International, dejando firme una condena multimillonaria contra el Estado argentino que, por decantación política y financiera, recaerá sobre las arcas de la provincia de Salta.
La resolución definitiva del tribunal de arbitraje confirma el laudo favorable a la firma extranjera tras la intempestiva revocación de la licencia de Enjasa, ocurrida en el año 2013 bajo el mandato del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey. Hoy, trece años después, aquella decisión administrativa catalogada como un acto de «soberanía» por el urtubeicismo, se transformó en un revés institucional catastrófico que obligará a un desembolso superior a los 45 millones de dólares, entre capital, intereses acumulados y costas judiciales.
La decisión de Urtubey que detonó la bomba financiera
Para entender la magnitud del desastre hay que remontarse a 1999, cuando durante la gestión de Juan Carlos Romero se le otorgó a Enjasa la concesión de los juegos de azar por un plazo de 30 años. Casinos Austria ingresó legalmente como inversor extranjero controlando de forma indirecta el 60% de la firma.
Sin embargo, en 2013, el Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA), digitado por el gobierno de Urtubey, resolvió revocar de manera unilateral la licencia 17 años antes de su vencimiento, justificando la drástica medida en presuntas irregularidades administrativas.
Para el CIADI, los argumentos salteños carecieron de sustento legal. El tribunal internacional concluyó que la sanción aplicada fue totalmente “desproporcionada” y que la Provincia avanzó hacia una medida extrema sin acreditar una violación sistemática de las normas que justificara destruir por completo una inversión extranjera. En buen romance: el tribunal internacional determinó que el Estado ejecutó una expropiación ilícita, violando el tratado bilateral de inversiones firmado entre Argentina y Austria.
Aunque el laudo original de la indemnización se había fijado en USD 21,6 millones, el paso del tiempo, las apelaciones inconducentes y la acumulación de intereses devengados elevaron exponencialmente la deuda a una cifra de locura para una provincia con recursos públicos en caída libre y fuertes restricciones presupuestarias:
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Capital e intereses: Supera los USD 36 millones.
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Costas procesales adicionales: Más de USD 2 millones.
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Gastos arbitrales e intereses: Más de EUR 6,2 millones (equivalentes a unos USD 7,2 millones).
La sumatoria total ya supera ampliamente los USD 45 millones, pero los especialistas advierten que el monto final será aún superior.
Peligroso precedente: ¿Se vienen los juicios de Aunor y Aguas de Salta?
Más allá de la sangría económica inmediata que paralizará obras y servicios esenciales en Salta para poder pagarle a los zares del juego europeos, el fallo deja herida de muerte la imagen institucional de la provincia ante potenciales inversores extranjeros, abriendo un debate feroz sobre la inseguridad jurídica local.
Lo peor es que esto podría ser solo la punta del iceberg. En ámbitos jurídicos y económicos ya se advierte con profunda preocupación que esta condena firme del CIADI se transformará en un antecedente de peso demoledor para otras demandas millonarias que arrastra la Provincia en tribunales internacionales por haber tomado medidas similares en el pasado. En la lista de espera de próximas «bombas» a estallar aparecen:
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Aunor: Por la rescisión del servicio privado de los peajes de acceso a la ciudad.
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Aguas de Salta: Cuya concesión del servicio de agua y cloacas fue anulada de manera unilateral en el año 2009.
El dictamen definitivo del tribunal internacional introduce una severa complicación para la administración financiera de la provincia, obligada ahora a reestructurar partidas o diseñar esquemas de pago en un escenario macroeconómico ya caracterizado por la escasez de divisas y la caída de las transferencias federales. La resolución del caso Enjasa expone de manera clara cómo las decisiones administrativas vinculadas a contratos de servicios públicos e inversiones internacionales conllevan responsabilidades fiscales de largo plazo, cuyo cumplimiento técnico termina condicionando de forma directa la disponibilidad de recursos para la inversión pública y el desarrollo de la provincia en el presente.
Fuente: El Tribuno
