La Legislatura salteña se prepara para uno de los debates más eléctricos del 2026. A poco de cumplirse el ciclo de doce años bajo el régimen de «Tolerancia Cero», los diputados Patricio Peñalba Arias, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas han pateado el tablero con un proyecto que busca reformar la Ley Provincial 7846 para permitir hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.
La iniciativa no es solo una reforma técnica; es un cambio de paradigma que pone en la balanza dos valores en tensión: el desarrollo económico del turismo y la vitivinicultura frente al rigor preventivo de la seguridad vial.
Los autores del proyecto sostienen que la prohibición absoluta ha generado «tensiones» innecesarias en sectores clave de la provincia. Con Salta consolidada como un destino internacional y los Valles Calchaquíes en su apogeo, el proyecto sugiere que el rigor actual atenta contra la experiencia turística y el consumo responsable en el sector gastronómico.
Para los impulsores, el límite de 0,5 no es un invento local, sino un estándar internacional «razonable» que permitiría a los sectores productivos respirar sin fomentar la irresponsabilidad.
Un sistema de multas escalonado
El proyecto propone dejar de tratar a todos los infractores por igual. Se establecería un sistema de sanciones progresivas:
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De 0,5 a 1 g/l: Multas de 300 a 800 unidades fijas, retención de licencia y hasta un año de inhabilitación.
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Más de 1 g/l: Penas severas de hasta 1.000 unidades fijas y dos años de inhabilitación.
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Agravantes: Las penas se duplicarán si viajan menores, personas vulnerables o si se trata de transporte público y de carga, intentando blindar la seguridad de los más indefensos.
El debate que parte a la sociedad
La polémica está servida. Quienes apoyan la reforma consideran que la Tolerancia Cero fue una medida efectista que no terminó con los accidentes graves —generalmente asociados a niveles de alcohol muy superiores al 0,5— y que penaliza injustamente al conductor que bebe una copa de vino en una cena.
Por otro lado, los defensores de la ley vigente aseguran que «el alcohol no sabe de promedios» y que cualquier flexibilización es un mensaje peligroso que costará vidas. En una provincia que aún llora tragedias viales recientes, la idea de «relajar» los controles genera un rechazo inmediato en las asociaciones de familiares de víctimas.
La pregunta que queda en el aire: ¿Es posible potenciar la gastronomía y el turismo de altura sin poner en riesgo la seguridad en las rutas, o estamos ante un retroceso que pagaremos con siniestralidad?
El periodo de sesiones ordinarias de marzo será el escenario donde la política salteña deberá decidir si la Tolerancia Cero cumplió su ciclo o si sigue siendo la única barrera contra la muerte al volante.
