El mes de abril marca el inicio de una nueva etapa de incertidumbre para miles de familias en la provincia. La eliminación definitiva del programa «Volver al Trabajo» por parte del Gobierno nacional representa el cierre del último esquema de continuidad de lo que fuera el Potenciar Trabajo, dejando sin red de contención a los sectores más postergados de la economía informal.

Desde las organizaciones sociales, el diagnóstico es alarmante. Darío Limachi, dirigente de Libres del Sur Territorial, advirtió que el impacto de este recorte será «devastador», especialmente en el interior de la provincia, donde las oportunidades laborales son prácticamente nulas.

Aunque las planillas oficiales registran a 52.739 titulares directos en Salta —concentrados mayoritariamente en el área metropolitana y los departamentos del norte—, el impacto real se multiplica al analizar el entorno familiar. «Si sumamos a sus familias, el impacto alcanza a cerca de 200.000 personas», sostuvo Limachi.

A pesar de que el monto del beneficio se encontraba congelado en 78.000 pesos, para miles de salteños ese ingreso representaba la diferencia entre comer o no. «Para muchas familias significaba poder pagar el alquiler, los servicios o garantizar comida por semanas», remarcó el referente, desmitificando la idea de que se trata de un monto «prescindible».

El Gobierno nacional fundamenta la supresión del subsidio bajo la premisa de incentivar la inserción en el mercado laboral privado. Sin embargo, los dirigentes territoriales cuestionan duramente esta lógica en un contexto de recesión y caída del empleo.

«Hablan de volver al trabajo, pero la realidad es que no hay empleo suficiente», sentenció Limachi. El coordinador resaltó que el programa no era solo una transferencia de dinero, sino que permitía generar cooperativas y capacitar a personas sin experiencia previa, creando un puente que hoy queda dinamitado.

La crítica central apunta a la falta de gradualismo y la ausencia de propuestas superadoras. Para los referentes sociales, el Estado debería haber fortalecido y orientado el programa en lugar de suprimirlo totalmente, entendiendo que hay sectores que se encuentran estructuralmente fuera del mercado laboral formal.

Con la eliminación de esta herramienta, el Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo a su política de «déficit cero», pero traslada el costo directamente a los barrios populares de Salta, donde la previsibilidad económica acaba de desaparecer junto con el último rastro del Potenciar Trabajo.

El panorama en las vidrieras es el reflejo de una contradicción política y una urgencia económica. Mientras el presidente Javier Milei sostiene su bandera de no intervención estatal, la realidad del mercado interno ha forzado la reaparición de herramientas que el propio mandatario solía tildar de «populistas»: las 12 cuotas sin interés.

Este giro en la estrategia económica busca desesperadamente reactivar el consumo de indumentaria, un sector que hoy atraviesa uno de sus inviernos más crudos, no solo por el clima, sino por la parálisis total de las ventas. Sin embargo, lo que para el consumidor parece un alivio, para el comerciante local representa un nuevo desafío logístico y financiero.

La realidad del sector textil es crítica. Los comerciantes aseguran que han llegado a un techo donde ya no pueden reducir más sus márgenes de ganancia. «Nosotros no somos formadores de precios y sufrimos la peor parte, porque no podemos bajar más allá del costo», señaló un comerciante, marcando la distancia entre los grandes industriales y el eslabón final de la cadena de ventas.

A pesar de la retórica libertaria que prometía alivio al sector privado, los comerciantes aseguran que la presión del Estado sigue siendo el principal verdugo. «Si no nos bajan los impuestos, aunque sea un poco a nivel municipal, provincial y nacional, nos matan. Hoy estamos sufriendo las consecuencias con ventas nulas», advirtieron.

La paradoja es clara: un gobierno que propone la libertad de mercado termina recurriendo a programas de cuotas financiadas —históricamente asociados a gestiones anteriores— para evitar el colapso del consumo masivo.

El comportamiento del salteño promedio también ha mutado ante la crisis. El efectivo y las transferencias han pasado a un segundo plano, dejando a la tarjeta de crédito como la única balsa de salvación. «Ya casi no se paga en efectivo. La gente elige financiar», detallaron, indicando que el invierno es la última esperanza del rubro antes de que lleguen las liquidaciones post Día del Padre.

En este escenario, el regreso de las 12 cuotas funciona como un respirador artificial para un comercio que, entre el idealismo político y la necesidad de caja, solo busca sobrevivir a la temporada.

La Cámara de Diputados de la Provincia abordará este martes un proyecto de ley que marca un antes y un después en la lucha contra la violencia en las aulas. La iniciativa legislativa propone endurecer las sanciones contra aquellos padres o tutores que, tras ser notificados formalmente por las instituciones educativas, demuestren pasividad o negligencia ante los actos de acoso escolar perpetrados por los menores a su cargo.

El corazón del proyecto radica en la incorporación de dos artículos clave al Código Contravencional. Estos establecen que la responsabilidad formativa debe nacer en el hogar. En caso de que un progenitor omita arbitrar los medios necesarios para que cesen los actos de violencia o ciberacoso de sus hijos, podría enfrentar sanciones que van desde multas económicas equivalentes a 30 días hasta la prestación de trabajo comunitario.

Un dato relevante es el destino de los fondos: lo recaudado por estas multas no irá a rentas generales, sino que se asignará exclusivamente al Fondo Provincial de Prevención y Asistencia al Acoso Escolar, garantizando que el recurso vuelva al sistema educativo para fortalecer la contención.

El autor de la iniciativa, el diputado Omar Exeni, fundamentó el proyecto desde su propia vivencia con los trastornos del habla y el acoso sufrido durante su infancia. «Este proyecto nace de las historias de miles de niños salteños que sufren en silencio. El Estado debe exigir que los padres asuman su rol formativo para que la escuela vuelva a ser un lugar seguro», sentenció el legislador.

Hasta hoy, los protocolos en Salta se centraban principalmente en la mediación escolar. Con esta ley, los jueces de paz y contravencionales tendrán una herramienta directa para intervenir cuando la mediación falle debido a la falta de supervisión parental.

En la previa del debate, Exeni mantuvo un encuentro estratégico con la Fiscal Especializada en Ciberdelitos, Sofía Cornejo, donde analizaron la creciente incidencia del acoso digital en los establecimientos de toda la provincia.

Las autoridades advirtieron que, aunque el ciberbullying ocurra en el ámbito digital entre menores, sus consecuencias son devastadoras en el «mundo real», vinculándose incluso con casos de deserción escolar y suicidios adolescentes. «Si logramos que un solo niño no sufra el calvario que muchos atravesamos, esta ley habrá cumplido su propósito histórico», concluyó Exeni.

De obtener media sanción este martes, Salta se posicionaría a la vanguardia nacional en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia frente a la violencia escolar.