Falta la negociación formal y los cambios concretos, pero el oficialismo se vio obligado a dejar en el camino puntos importantes del proyecto. En el Congreso piden interlocutores validados por Milei
La realidad está matando al relato. En el segundo día del tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el gobierno nacional tuvo que dejar en el camino la reforma electoral que quería llevar adelante. Toda la oposición marcó su disidencia con el proyecto que contiene la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única y el cambio de sistema de votación.
Germán Martínez (UP), Silvia Lospennato (PRO), Soledad Carrizo (UCR) y Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) expresaron, ante la atenta mirada del ministro del Interior, Guillermo Francos, que no compartían la reforma ni el momento en que se quiere discutir, teniendo en cuenta que son sesiones extraordinarias. Fue un rechazo masivo que no tuvo coordinación previa.
El funcionario nacional, que es parte de la mesa política de Javier Milei, quedó expuesto durante su participación en la comisión de Legislación General. Llegó al Anexo C para explicar los fundamentos de la reforma política, recibió el cuestionamiento de la mayor parte de los legisladores y se fue discutiendo a los gritos con el diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro.
“Lo que pasó con Francos expone la falta de nexos entre la Casa Rosada y el Congreso. Claramente no sabía que se iba encontrar con ese panorama. Nadie le avisó que lo que venía a presentar no tenía ningún tipo de aval”, razonó un legislador peronista. Esa misma mirada tuvo una diputada del PRO, que consideró también que el rechazo a los cambios electorales son una señal clara para que el Gobierno asuma que tiene que negociar varios artículos sensibles de la ley.
“Si negocian bien y buscan consensos, se pueden llevar una ley aceptable, con el respaldo del Congreso, y que les va a servir para poder lanzar un plan de estabilización. Si no lo hacen así, se golpearán la cabeza contra la pared. Esperemos que se den cuenta. Nosotros ya dimos muestras claras de que queremos acompañar”, sostuvo un influyente legislador del PRO. El bloque que conduce Cristian Ritondo viene dando señales de que es necesario que aparezca un interlocutor que permita avanzar en los cambios.
En el bloque Hacemos Coalición Federal, que contiene a 23 diputados y jugará un rol clave para la aprobación de la ley, piden discutir la cantidad de empresas que el Gobierno quiere privatizar, los términos del blanqueo que propone el proyecto y los plazos de la delegación de poderes. Una postura similar a la que tiene el bloque de la UCR, el otro espacio importante para obtener los votos necesarios. En ambas terminales se quejan de la ausencia de nombres propios que tengan la línea fina de lo que el Gobierno está dispuesto a negociar.
En lo que respecta a las reformas electorales, al oficialismo tampoco le fue bien en el Senado, donde se trató la implementación de la Boleta Única de Papel. El despacho que avala el proyecto aprobado en Diputados no cuenta, por ahora, con los 37 votos necesarios para una mayoría especial y la sesión aún no tiene fecha. No fue una buena jornada para el oficialismo, que sufrió la falta de peso en las dos cámaras del Congreso.
El martes el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, confirmó que el Gobierno, después de varias sugerencias, está dispuesto a modificar los plazos de la emergencia pública que figura en el artículo 3 de la ley y que extiende la declaración en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energéticas, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025
La delegación de facultades, tal como está, no pasa el filtro de los bloques opositores, motivo por el que el oficialismo se ve en la necesidad de reformar o eliminar ese punto. Lo mismo sucedió con el artículo 331 que prohibía la reunión de más de tres personas y que había recibido críticas de todo el arco político. Ayer por la tarde, en el comienzo de su presentación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo dio de baja para evitar que se agrande la polémica.
“Prestaba a la confusión y decidimos sacarla en vez de modificarla”, explicó la funcionaria en una jornada cargada de advertencias, amenazas encubiertas y cuestionamientos cruzados entre le oficialismo y la oposición. Bullrich defendió los cambios en su materia pero fue insistente en la necesidad de que se apruebe la ley para poder generar un cambio fuerte en las reglas de juego de la Argentina.
El Gobierno ya dejó en el camino la primera redacción de los artículos vinculados a los límites de la actividad pesquera en el Mar Argentino, la descarga en puertos argentinos, la generación de empleo local, el mantenimiento de la Zona Exclusiva y la competencia por los cupos de pesca con empresas extranjeras. Cambios que se hicieron por la presión de los gobernadores patagónicos, liderados por el mandatario de Chubut, Ignacio Torres. Cada día van quedan artículos en el camino o se acuerdan cambios en la redacción. La oposición empuja al Gobierno por la espalda ante la falta de claridad sobre los límites de la decisión política oficial.
“Es el momento en que deben tener pragmatismo y empezar a puntear los cambios. Falta alguien que con la birome en la mano”, explicó uno de los legisladores del bloque de Miguel Pichetto. En la oposición dialoguista advierten que pasan las horas y no hay nombres propios de peso que tengan mandato para negociar las modificaciones.
En algunos bloques creen que la semana que viene el Gobierno abrirá el juego como consecuencia de los cambios que fue aceptando. La presión y la disidencia opositora marcaron el camino que el oficialismo resistió desde que se envió la ley al Congreso. La idea de no modificar la ley que plantearon, en reiteradas oportunidades, el Presidente y su vocero, son parte del pasado. Negociación o nada. El Gobierno parece estar entendiéndolo a la fuerza.
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