La ciudad de Salta se prepara para recibir a cientos de miles de fieles en una de las expresiones religiosas más multitudinarias del norte argentino. Hoy 15 de septiembre de 2025 se celebrará la 332ª procesión del Señor y la Virgen del Milagro, una continuidad histórica que se remonta a 1692, cuando las imágenes fueron sacadas en procesión por primera vez tras los temblores que azotaron la región.
Este año, las autoridades eclesiásticas y estatales estiman que participarán alrededor de 700.000 peregrinos, superando los 650.000 que se contabilizaron en 2024. La magnitud del evento obliga a desplegar un operativo integral que involucra a más de 12.600 agentes y trabajadores de diferentes áreas estatales, además de instituciones educativas, organizaciones de voluntarios y la propia comunidad.
Financiamiento
Tanto desde áreas del Gobierno de Salta como de la Municipalidad de Salta informaron que no ingresó un pedido formal del Arzobispado para recibir financiamiento monetario de parte del Estado.
Sí se mantuvo —como ocurre cada año— la articulación entre el Estado y el Arzobispado para coordinar los distintos operativos que garantizan el desarrollo de la festividad (seguridad, salud, logística, transporte y control en rutas).
De esta manera, el operativo estatal se sostiene con recursos públicos destinados a esas áreas, pero no se habilitaron transferencias de dinero directo a la organización eclesiástica, que debe cubrir sus propios gastos institucionales.
El operativo 2025: salud, seguridad y logística
El Ministerio de Seguridad y Justicia informó que 10.600 efectivos policiales estarán afectados al operativo, que se organiza en tres etapas desde julio hasta el 16 de septiembre. Solo en el día central de la procesión habrá más de 5.000 policías desplegados en la calle.
La novedad de este año es el Centro de Monitoreo del Peregrino, que funciona con una aplicación móvil y GPS para seguir en tiempo real las más de 200 peregrinaciones que llegan a la capital, algunas desde provincias vecinas y hasta desde Perú. A esto se suman 170 cámaras de seguridad distribuidas en rutas y accesos a la ciudad.
La Municipalidad de Salta afectó a 1.600 empleados de diferentes áreas, incluido días previo al triduo y la procesión. El operativo incluye a Tránsito y Protección Ciudadana con el 100% del personal en la calle, tareas de limpieza intensiva a cargo de Servicios Públicos y la organización de la Feria del Milagro en el parque San Martín.
Obras Públicas se encargó del bacheo en los accesos de los peregrinos, mientras que Ambiente realizó podas preventivas en las zonas del recorrido. Los mercados municipales cerrarán sus predios el 15, habilitando el anexo de San Miguel como punto de descanso para los caminantes.
La Secretaría de Modernización lanzó el Mapa Peregrino, una plataforma digital con información en tiempo real sobre puestos sanitarios, seguridad, hidratación, alimentación, conectividad y postes SOS en rutas y accesos. La herramienta se complementa con la app Soy Peregrino, desarrollada por la Policía, que permite registrar y geolocalizar a los fieles.
La empresa SAETA dispuso un esquema especial de transporte urbano. Entre las 13 y las 20 horas del 15 de septiembre, las líneas modificarán sus recorridos y paradas, que estarán distribuidas en torno a la Catedral, el Monumento 20 de Febrero y las zonas de ingreso desde el norte, sur, este y oeste de la ciudad.
El Milagro 2025 se consolida como la mayor movilización religiosa del norte argentino y una de las más importantes del país. Su alcance no solo se mide en la fe de 700.000 peregrinos, sino también en la magnitud del operativo estatal y en la participación institucional que va desde escuelas, fundaciones y ministerios hasta organizaciones sociales y militares.
A cinco años de la histórica suspensión de 2020, durante el Covid-19, Salta reafirma así su identidad religiosa y cultural en un evento que marca, cada septiembre, la vida de toda la provincia, aunque no sin debates: desde la articulación con el Estado para el desarrollo de las fiestas, hasta la discusión abierta sobre la presencia de instituciones educativas en actos religiosos tras el fallo de la Corte Suprema en 2017.
