La crisis económica nacional ha impactado de lleno en las arcas provinciales, generando un escenario de incertidumbre que pone en jaque la gobernabilidad de los municipios. El ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, describió la situación actual como probablemente el peor momento histórico para ejercer cargos ejecutivos, debido a un déficit de infraestructura y una caída estrepitosa del consumo que afecta la recaudación.
De acuerdo al diagnóstico del funcionario, la merma en la coparticipación federal ha dejado a las administraciones municipales al borde de un colapso financiero. Jarsún explicó que la fuerte recesión y el desplome en la recaudación del IVA han provocado que los recursos proyectados para este año simplemente no lleguen.
«Cuando proyectás un año, te encontrás con que los recursos no llegan y la provincia tampoco puede asistir como antes porque atraviesa el mismo problema», advirtió el ministro. Esta asfixia económica golpea con especial dureza a localidades como Rosario de Lerma y Pichanal, que se encuentran hoy en una situación límite.
Jarsún denunció un «traslado silencioso» de obligaciones desde la Nación hacia la Provincia. Ante el retiro del financiamiento federal, Salta ha tenido que absorber de manera imprevista los costos de medicamentos oncológicos , incentivo docente (FONID) y subsidios al transporte público.
A esto se suma la paralización total de obras estratégicas de infraestructura por falta de pagos nacionales, citando como ejemplo la planta depuradora sur.
Ante la escasez de recursos, el ministro dejó una advertencia de fondo: el Estado ya no posee la capacidad de absorber todas las demandas sociales y de gestión. Por este motivo, la provincia ha iniciado negociaciones formales para reprogramar deudas heredadas.
El objetivo central de esta movida financiera es aliviar la presión sobre el tesoro provincial y extender los plazos de pago para garantizar el cumplimiento de los compromisos básicos, fundamentalmente el pago de sueldos y aguinaldos de la administración pública.
