Una severa crisis de gestión sacude al Hospital Dr. Oscar H. Costas, poniendo en el ojo de la tormenta a su actual gerente general, Cristian Aguirre, quien asumió el cargo en diciembre de 2023. La situación escaló rápidamente desde la anulación de un concurso hasta el señalamiento público de graves falencias sanitarias y estructurales, lo que motivó a vecinos a convocar una protesta.

El conflicto se encendió con la anulación de un concurso para el programa de enfermería debido a «múltiples irregularidades», incluyendo denuncias por «sobres abiertos» y «acomodos». La transparencia del proceso, fundamental para una institución pública, quedó seriamente cuestionada.

La situación se agravó cuando el gerente Aguirre, en declaraciones radiales, tuvo expresiones consideradas ofensivas hacia el personal de enfermería, quienes ya estaban molestos por cuestionamientos a su gestión. Profesionales de la salud, a quienes se llamó «héroes» durante la pandemia, salieron públicamente a defenderse y a exponer la crítica realidad del nosocomio.

El personal de salud y los vecinos sumaron a las quejas por el concurso una serie de señalamientos que exponen la precariedad en la que opera el hospital, situaciones que exigen una respuesta urgente del Ministerio de Salud: además del reclamo por las malas condiciones edilicias, se denunció que pacientes y personas fallecidas compartían el mismo espacio, creando un ambiente insalubre y de alto impacto psicológico.

La actual gerencia también enfrenta cuestionamientos por su falta de acción en relación con denuncias de gestiones anteriores, como el escándalo de los aires acondicionados desaparecidos hace un año. Aunque el hecho no ocurrió en su administración, la falta de una investigación para identificar a los culpables, castigarlos y recuperar el patrimonio público es interpretada como «omisión» por la comunidad.

Asimismo, las obras de ampliación y refacciones del hospital llevan casi cinco años sin finalizar al 100%. La empresa a cargo abandonó la construcción en el área de Emergencias, y si bien la obra fue reactivada, se habilitó con «pendientes» y supuesta utilización de «material de menor calidad». La gerencia, al no denunciar públicamente estos incumplimientos y aceptar la obra en esas condiciones, ha generado una creciente «indignación social y desconfianza».

Ante este panorama, vecinos y miembros de la comunidad han convocado a una concentración y marcha pacífica hoy a partir de las 10:00 de la mañana en Plaza Güemes y las inmediaciones del hospital, adhiriendo al pedido de remoción del gerente Dr. Cristian Aguirre.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una banda que cometía delitos contra la propiedad en Joaquín V. González.  La investigación inició tras denuncias de damnificados por la sustracción de dinero en camionetas estacionadas en la vía pública.

En ese marco, ayer se realizaron 6 allanamientos en inmuebles de las localidades de El Quebrachal y Embarcación. Fueron detenidos los investigados, cinco hombres mayores de edad.

Secuestraron dinero, celulares y otros elementos de interés para la causa junto a dos autos, vehículos que habrían sido utilizados para cometer los ilícitos.

Intervino la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1 jurisdicción Anta.

El juez federal de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, envió a juicio a un empleado judicial salteño acusado por el transporte de más de 23 kilos de marihuana hallados en diciembre de 2024 en una camioneta de su propiedad durante un control realizado a la altura de la ciudad de Joaquín V. González. El auto de apertura a juicio, dictado el 1° de julio pasado, incluye también a otros dos hombres, todos acusados por resultar coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

En el caso, intervino desde su inicio la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, que fue quién realizó el requerimiento de juicio para los tres implicados: Daniel Fernando Aponte, Ángel Guido Luna y Darío Antonio Peralta. Ello se formalizó en un audiencia de Control de Acusación, llevada adelante el 30 de junio de este año. Allí, repasó cómo inició el caso, el 21 de diciembre pasado.

Según expuso la fiscal, personal de Gendarmería Nacional realizaba un control en la ruta provincial 5, a la altura de la ciudad de Joaquín V. González, cuando detuvo a una camioneta Kia Sorento. El vehículo era manejado por Luna, que informó que provenía de Pichanal, en el norte de la provincia, y se dirigía a Rosario de la Frontera, en el límite con Tucumán. Mientras revisaban los papeles del auto, uno de los gendarmes observó en el baúl varias monturas de caballos, por lo que solicitó al chofer que las corriera para ver que había debajo.

Luna se negó a hacerlo, lo que llevó al personal de Gendarmería a moverlos ellos mismos. En ese momento, descubrieron que los dos paneles laterales habían sido manipulados, lo que fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal, tras lo cual se avanzó con una requisa más profunda. Al abrirlos, encontraron ocultos y distribuidos en diferentes sectores del automóvil 24 paquetes, equivalentes a un peso total de 23 kilos y 663 gramos de marihuana con una capacidad suficiente para producir 438.304 dosis.

En función de ello, el 23 de diciembre de 2024, la fiscal formalizó la investigación penal en contra de Luna, para luego avanzar con una serie de tareas de campos e inteligencia, entre ellas el análisis del teléfono celular secuestrado al chofer.

Esa labor permitió establecer la participación en la maniobra de tráfico de Peralta, detenido el 25 de febrero de este año, y finalmente del empleado judicial Aponte, quien fue capturado el 18 de marzo, lo que llevó a la fiscalía a la imputación final de transporte agravado por el número de intervinientes.

Carga probatoria

Entre otras evidencias, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el vehículo en el que Luna llevaba la droga tenía como titular a la firma “Aponte S.R.L.”, siendo la misma una empresa de transporte, de la cual el empleado judicial es dueño junto a otro familiar, con lo cual concluyó que este imputado fue quien puso a disposición el rodado para concretar el fallido transporte de la droga.

Además, refirió que del teléfono celular del conductor surgieron evidencias que llevaron a detener a Peralta, pues se estableció que ambos habían viajado el 19 de diciembre del 2024 desde Rosario de la Frontera, con destino a Orán, a donde llegaron al otro día. Tras proveerse de la droga, el retorno se produjo el 21 de ese mes, pero ya sin Peralta.

Por otra parte, los cruces telefónicos finalmente dejaron expuesto al empleado judicial, quien tuvo una intensa actividad de monitoreo sobre el transportista y su ruta de viaje. Los llamados se acrecentaron cuando Luna ya estaba próximo a llegar, circunstancias en que dejó de reportarse debido a que había sido detenido.

En ese lapso, Aponte no solo realizó varios llamados sino que, al tomar conocimiento de la captura de Luna,  se contactó con un abogado local, a quien le habría encomendado asumir la representación legal del transportista, con el fin de conocer las actuaciones judiciales y de esa forma, interponer una coartada.

De acuerdo a lo que señaló la fiscal,  esa situación se dio de esa manera ya que, al formalizarse la imputación en su contra, Aponte -quien ingresó al Poder Judicial en el 2005 y se desempeñó en viarios juzgados penales- intentó tomar distancia del caso al sostener que le había cedido la camioneta Kia a Luna para que se la mostrara a un comprador en Metán.

Con este argumento, buscó darle sentido a las comunicaciones y mensajes intercambiados con el mismo. También reconoció el contacto con el abogado del transportista, pero afirmó que lo hizo con el solo objetivo de recuperar la camioneta. Dicha coartada, sin embargo, fue rebatida por la fiscalía a partir de los chats que mantuvo con el transportista, quien le dijo que estaba alojándose en un hotel en Orán, sin que ello despertara ningún reproche de su parte, pues solo había autorizado a su amigo viajar hasta Metán, ubicada a 35 kilómetros.

El MPF También resaltó que Aponte reiteró varias veces que Luna no era de su círculo de amistad, razón por la cual debió haberse mostrado más preocupado, ya que su vehículo estaba más allá de Metán. Sin embargo, no le hizo ningún reclamo.

La fiscalía también detalló las llamadas entre Aponte y el defensor de Luna y consideró que evidenciaban el seguimiento que hizo del rodado que regresaba con la droga, a la vez que descartó el supuesto interés por recuperar el vehículo, ya que en ningún momento hizo alguna presentación formal para la devolución de la camioneta.

En base a la carga probatoria expuesta, la fiscalía ratificó la acusación, la que quedó firme, pues las defensas no realizaron objeciones. Superada esta etapa, el juez dio paso al debate respecto a las evidencias que serán reproducidas en el juicio, sin que ello tampoco generara controversias. Por último, y también a pedido de la fiscalía, el magistrado extendió la prisión preventiva de los tres acusados, medida que tomó en consonancia con el análisis de los riesgos procesales realizado por las fiscalías, sin que ello tampoco fuera motivo de oposición por las defensas.