El Poder Judicial de Metán y la Municipalidad avanzan en la asignación de vehículos secuestrados para su uso en situaciones de emergencia climática y otros operativos de seguridad. En una reunión celebrada ayer, la intendente interina, Dra. Romina Barboza, junto al subsecretario de Seguridad, Dr. Leonardo Aguirre, y el juez Mario Teseyra, evaluaron los pasos legales necesarios para implementar esta iniciativa, fundamentada en la Ley Provincial de Secuestro Nº 7838.
El juez Teseyra explicó que esta ley permite, bajo ciertos procedimientos, asignar vehículos retenidos en depósitos judiciales a instituciones de bien público como «depositarios judiciales». Para que el municipio u otra entidad sea designada como depositaria, es necesario cumplir con requisitos legales que aseguren la custodia y uso adecuado de los bienes. “La normativa exige la constitución de un seguro obligatorio, verificaciones trimestrales, y una revisión exhaustiva de antecedentes legales y fiscales de cada unidad”, detalló Teseyra.
Los vehículos, en su mayoría provenientes de jurisdicciones ajenas a Metán, permanecen en depósito debido a trámites judiciales en curso o porque sus propietarios no han reclamado su devolución. “Para asignar estos bienes, el proceso debe ser exhaustivo y sin objeciones pendientes”, añadió Teseyra. La iniciativa busca que aquellos vehículos que cumplan con todos los requerimientos legales puedan ser utilizados temporalmente por la municipalidad o fuerzas de seguridad locales, en respuesta a la necesidad de recursos para emergencias y operativos de movilidad.
Destacó la importancia de contar con un protocolo que facilite el uso de vehículos en desuso, muchos de los cuales, al estar almacenados durante largos períodos, se deterioran hasta volverse inutilizables. Además, enfatizó que la disponibilidad de estos recursos fortalecerá la capacidad de respuesta de las instituciones en la región, brindando apoyo a sectores clave en situaciones de riesgo.
A nivel provincial, esta medida se enmarca en un contexto de flexibilización del régimen de secuestro judicial, que permite la asignación de vehículos a instituciones públicas en beneficio de la comunidad. Teseyra mencionó que esta dinámica ya se ha implementado en localidades como Rosario de la Frontera, donde la Brigada de Investigaciones recibió una motocicleta para su labor operativa.
La reunión concluyó con el compromiso de coordinar esfuerzos entre el Poder Judicial y la municipalidad para que los vehículos aptos se destinen de manera controlada y bajo el marco legal establecido.
