La interpelación al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, el salteño Federico Posadas, se transformó en una maratónica jornada de durísimos cuestionamientos que terminaron por pulverizar el relato oficial sobre la gestión turística de la vecina provincia. Durante la sesión, legisladores de diversos bloques expusieron una extensa nómina de presuntas irregularidades administrativas, incoherencias patrimoniales y contrataciones vinculadas de forma directa a su entorno familiar y político.
El punto de mayor tensión se desató con la exhibición de órdenes de pago que confirman que el Estado le facturó a su esposa, Valentina Moisés, violando la Ley de Ética Pública. A esto se sumaron las sospechas por la adjudicación del bar del Cabildo a un monotributista sin antecedentes, los lazos comerciales con la firma de transporte Silvia Magno, los vínculos con la consultora Politeia y una causa penal archivada en 2018 por licitaciones armadas para la pauta digital. Asimismo, se denunció la designación en la estructura gubernamental jujeña de una lista de salteños bajo la figura de «ñoquis vip», entre los que se nombró a Federico y Ernesto Estorniolo, Pablo Espinosa, María Eugenia y José María Zambrano, y Mariana Borigen.
La rendición de cuentas sobre eventos masivos también dejó al descubierto llamativas inconsistencias financieras. Sobre el recital de La Renga, los diputados remarcaron que mientras la cartera comunicó un impacto económico de $7.700 millones, los anexos del propio informe sumaban más de $9.000 millones, mezclando la fuga de divisas como ganancia, sumado a desembolsos de $60 millones en sponsoreo, predios cedidos gratis y contrataciones insólitas de $2 millones en hielo, $7 millones en internet y $18 millones en catering. A la par, se cruzaron sus declaraciones juradas patrimoniales por registrar inmuebles rurales y urbanos adquiridos a «valor cero» o a cifras irrisorias de $20 millones.
Finalmente, la oposición y sectores aliados contrastaron los datos oficiales de pernoctes y empleo privado con las estadísticas del INDEC y la DiPEC, al punto de que el propio vicegobernador Alberto Bernis llegó a deslizar en el estrado la acusación de «encuestas truchas». Ante el volumen de las pruebas ventiladas, el cuerpo legislativo aprobó la moción para remitir la versión taquigráfica completa a la fiscalía de turno para que se inicie una investigación penal contra el funcionario. Sin embargo, en el recinto quedó flotando un llamativo interrogante de la prensa: el silencio cómplice de todos los bloques sobre Choice, la consultora histórica con la que Posadas operó en los medios para posicionarse en la mesa política regional.
