El caso de la Dra. María Laura «Cotty» Thomas, candidata a diputada y cuestionada por su controvertida titularización en un cargo docente, desató un verdadero escándalo dentro de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina. Silvia Di Piazza, integrante del organismo, rompió el silencio y expuso una serie de irregularidades que ponen en jaque no solo la designación de Thomas, sino también el rol de la justicia en este conflicto.
Según Di Piazza, Thomas logró su titularización en 2023 pese a que su formación no coincidía con el área del cargo asignado. «Ella tiene un título de inglés y tres conceptos en esa especialidad, pero le otorgaron un cargo en Educación Artística, algo completamente irregular». Al detectar esta anomalía, la Junta convocó a Thomas para notificarle que su nombramiento sería anulado por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, la candidata inició una ofensiva judicial y administrativa para mantenerse en el cargo a toda costa.
«Cada persona que intentó explicarle la normativa terminó denunciada por ella», reveló Di Piazza, quien aseguró que los miembros de la Junta, asesores del Ministerio y hasta la Dra. Oviedo, exintegrante del organismo, fueron objeto de denuncias tras reunirse con Thomas.
La controversia escaló cuando Thomas presentó un oficio judicial para respaldar su titularización. Pero aquí surgió otra anomalía: El documento que ella exhibió llevaba el número 325, pero al consultar el expediente real, se descubrió que el número correcto era el 328 y no ordenaba su titularización. Esta maniobra generó más dudas sobre la legitimidad de su nombramiento y encendió las alarmas sobre un posible uso indebido de la justicia.
Otro dato que aumenta la polémica es que Thomas fue secretaria del juez Mario Dilascio, quien está interviniendo en el caso, lo que plantea ¿hubo un trato preferencial?.
La situación se volvió a tensar en 2024 cuando, tras quedar sin respaldo legal para su titularización, Thomas logró permanecer en el cargo gracias a su licencia por maternidad. «Se la mantuvo como interina para que no pierda su obra social, pero su cargo debía finalizar con el ciclo lectivo, el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, intentó extenderlo de manera irregular», afirmó Di Piazza.
La Junta Calificadora y el Ministerio de Educación han dejado en claro que Thomas no cumple con los requisitos para titularizarse en el cargo de artística. «Si quiere pelear por un puesto, debe hacerlo en el área de inglés, donde tiene experiencia. Pero no puede desplazar a docentes de artística que hicieron su carrera para ese rol», sentenció Di Piazza.
El escándalo está lejos de terminar. Mientras la justicia aún no resuelve la situación, la comunidad educativa exige respuestas y transparencia. En el centro del debate, quedan interrogantes sin resolver: ¿Se beneficiaría Thomas por sus conexiones judiciales? ¿Hubo presiones para mantenerla en el cargo?La decisión final está en manos de la justicia y del Ministerio de Educación, pero la controversia está lejos de terminar. Esta historia continuará…
