El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, dio un paso que expertos califican como un retroceso histórico en materia de control de armas. Mediante el Decreto N° 445/25, disolvió la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), organismo clave en la política pública de desarme desde 2015, y restableció el obsoleto Registro Nacional de Armas (Renar) bajo la dependencia directa del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich.
Especialistas en políticas de desarme y organizaciones sociales alertan que esta decisión borra de un plumazo años de avances en regulación, debilitando la capacidad del Estado para supervisar la tenencia y uso de armas. Julián Alfie, director del Inecip, sostiene que con esta medida “el Gobierno renuncia a prevenir la violencia con armas de fuego, dando un salto hacia atrás que equivale a casi medio siglo”.
El cambio se suma a una serie de medidas impulsadas por la actual gestión que flexibilizan el acceso a armas; reducción de la edad mínima para comprarlas, simplificación de trámites y habilitación para la compra de armas semiautomáticas, propias de conflictos bélicos y masacres civiles. Estas reformas, denuncian, reproducen un modelo estadounidense que ha demostrado su fracaso en términos de seguridad pública.
Además de eliminar las funciones específicas de la Anmac —como el registro, control, destrucción y campañas de prevención— el decreto suprime el fondo destinado a financiar estas políticas, debilitando la estructura institucional del control estatal.
Organizaciones como la Red Argentina para el Desarme y Amnistía Internacional cuestionan la justificación oficial, que argumenta la medida en términos de reducción de costos y burocracia. Denuncian que este ahorro presupuestario se realiza a costa de la seguridad ciudadana y sin debate legislativo, ya que el decreto fue emitido amparado en facultades delegadas.
La decisión oficial, lejos de garantizar mayor seguridad, favorece la proliferación de armas en manos civiles, exponiendo a la sociedad a mayores riesgos de violencia, femicidios, accidentes y aumento del poder del crimen organizado.
El Congreso debe intervenir para frenar esta política que, en opinión de especialistas, no solo desarma al Estado, sino que arma a una sociedad cada vez más insegura. La gestión de Milei profundiza así una agenda que desafía la prevención y la regulación, con consecuencias que podrían ser irreversibles.
