La jueza de Garantías de Metán, Cecilia Corral Martín, hizo lugar al pedido del fiscal penal Gonzalo Gómez Amado y dictó la prisión preventiva para un hombre de 42 años, oriundo de la provincia de Córdoba, imputado por el delito de estafa (Art. 172 del Código Penal). La medida se tomó tras una audiencia flexible y multipropósito donde se valoró la gravedad del perjuicio económico y el riesgo de que el acusado entorpezca la investigación o se fugue.
La maniobra delictiva, según la investigación del Ministerio Público Fiscal, se inició en abril de 2025. El acusado, junto a un cómplice, se presentó en San José de Metán como representante de una firma comercial con capacidad logística para equipar consultorios médicos. El objetivo de la víctima era montar un centro de diagnóstico por imágenes de última generación.
Para ganarse la confianza del damnificado, los estafadores mantuvieron reuniones presenciales y generaron una falsa apariencia de solvencia. El acuerdo incluía la provisión de equipos de rayos X, digitalizadores de imágenes y equipamiento complementario de alta complejidad.
Bajo esta promesa, y con un plazo de entrega de dos meses, la víctima realizó pagos sucesivos que alcanzan los 110 millones de pesos, combinando transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, incluyendo sumas en dólares estadounidenses. Sin embargo, la estafa quedó al descubierto cuando los plazos vencieron y solo se entregó de manera parcial un digitalizador, dejando el resto del compromiso en la nada.
La investigación preliminar permitió rastrear los movimientos del imputado hasta su provincia de origen. Por pedido de la Fiscalía de Metán, se ejecutaron exhortos judiciales que derivaron en allanamientos en Córdoba, donde se logró el secuestro de vehículos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.
La resolución de la jueza Corral Martín de mantener al acusado tras las rejas responde a la sofisticación de la maniobra y a la necesidad de resguardar el proceso, dado que el imputado no posee arraigo en la provincia y cuenta con medios económicos que facilitarían una eventual evasión de la justicia. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias para determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados en esta millonaria defraudación que afectó la inversión en salud de la ciudad.
