En una muestra más del severo ajuste que aplica el Gobierno nacional sobre áreas de vital importancia, la Federación Salteña de Bomberos Voluntarios atraviesa una situación crítica tras el freno en la transferencia de los subsidios nacionales, que ascienden a más de 94 millones de pesos por cuartel. Esta retención de fondos ahoga económicamente a las 33 asociaciones de la provincia, obligándolas a operar al límite de sus posibilidades.
La arbitrariedad de la medida resulta aún más alarmante considerando que estos recursos no provienen de rentas generales, sino del fondo específico que se nutre del aporte que hacen todos los ciudadanos al pagar la prima de sus seguros automotores. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene pisados los desembolsos, impidiendo que el dinero llegue a quienes arriesgan su vida a diario en la primera línea de emergencia.
El impacto del desfinanciamiento es devastador: equipar a un solo bombero con el traje de protección adecuado requiere una inversión que supera los 15 millones de pesos, una cifra inalcanzable para los cuarteles sin el aporte de la Ley 25.054. A este cuadro se suma la imposibilidad de afrontar los exorbitantes costos del combustible y el mantenimiento técnico de las autobombas, todo esto en el momento más crítico del año ante el avance vertiginoso de los incendios forestales en el territorio salteño.
Frente a un Estado nacional que abandona la asistencia ante catástrofes y desprotege a las comunidades del interior, las delegaciones salteñas exigen de manera urgente la inmediata liquidación de la partida retenida antes de que la falta de recursos derive en una parálisis total del servicio.
