La figura del concejal Pablo Emanuel López, referente capitalino de La Libertad Avanza, quedó en el centro de una grave denuncia judicial que ya tomó estado público y generó un fuerte cimbronazo político dentro del espacio libertario a semanas del cierre de listas para las elecciones de octubre.
El caso trascendió este jueves por la mañana, luego de que el periodista Daniel Murillo difundiera una serie de audios comprometedores en los que se escucha al edil manteniendo un diálogo con una mujer que integró la misma lista partidaria y que fue electa como convencional municipal. La conversación sugiere una situación de presunta extorsión económica con connotaciones sexuales, y ya es objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.
Según el material difundido, López habría condicionado el acceso a parte del sueldo de la mujer a la realización de favores sexuales. La denunciante, que afirma haber sido engañada en la distribución de fondos, le reclama: “¿No eran 500 mil pesos?”, a lo que el concejal responde: “No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar”.
En un tramo aún más delicado del intercambio, López expresa: “Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”. Ante la frase, la mujer replica con indignación: “¡Creés que soy una p…!”.
La denuncia ya fue formalmente presentada ante el Ministerio Público Fiscal y, según se pudo confirmar, fue radicada bajo el fuero especializado en violencia de género. La investigación se encuentra en etapa preliminar, aunque se anticipa que se solicitarán pericias sobre el contenido de los audios y posibles declaraciones testimoniales.
El hecho generó fuerte repercusión debido a la postura pública que el propio López había manifestado en 2022, cuando repudió al exconcejal “Pitu” Colque, quien fue denunciado y posteriormente apartado del cuerpo legislativo tras ser acusado de agredir a su expareja. En aquel momento, López reclamó públicamente “tolerancia cero” ante conductas de violencia de género.
Fuentes cercanas al Concejo Deliberante confirmaron que la situación ya fue elevada al área de Legales del cuerpo, y que de avanzar la causa judicial, se evaluaría la aplicación de sanciones administrativas o incluso un pedido de suspensión de funciones mientras se esclarece la situación. En tanto, desde organismos vinculados a la defensa de los derechos de las mujeres ya se hicieron oír las primeras expresiones de repudio y se reclamó que el proceso judicial avance con celeridad y sin presiones externas.
El caso se produce en un momento de fuerte exposición política para todos los espacios, dado el calendario electoral vigente, y pone bajo la lupa nuevamente el debate sobre la violencia institucional, el uso discrecional de recursos públicos y los límites éticos en el ejercicio de la representación.
