Un operativo realizado por la Gendarmería Nacional en Las Lajitas, Salta, culminó con la incautación de un cargamento de ropa de contrabando valuado en 330 millones de pesos. La mercadería era transportada en un camión de carga sin la documentación legal correspondiente.

El procedimiento se desarrolló cuando los agentes detuvieron el vehículo para una inspección de rutina. Al revisar la carga, los gendarmes constataron un importante volumen de prendas de vestir de origen extranjero, lo que motivó el secuestro del camión y de toda la mercadería.

El conductor del rodado quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal de Salta, que lleva adelante la investigación por infracción al Código Aduanero.

El operativo reafirma los controles que se realizan en la provincia para combatir el contrabando y proteger la economía local, asegurando que los productos que ingresan al país cumplan con la normativa legal vigente.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una banda que cometía delitos contra la propiedad en Joaquín V. González.  La investigación inició tras denuncias de damnificados por la sustracción de dinero en camionetas estacionadas en la vía pública.

En ese marco, ayer se realizaron 6 allanamientos en inmuebles de las localidades de El Quebrachal y Embarcación. Fueron detenidos los investigados, cinco hombres mayores de edad.

Secuestraron dinero, celulares y otros elementos de interés para la causa junto a dos autos, vehículos que habrían sido utilizados para cometer los ilícitos.

Intervino la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1 jurisdicción Anta.

Un audio difundido en las últimas horas reveló declaraciones gravísimas del terrateniente Rufino Pagola Saravia, dirigidas a la comunidad indígena Wichí Isidro Moreno. En la grabación, Saravia califica a los miembros de la comunidad como “monos”, “animales” y “bestias”, y amenaza con que recibirán golpes si continúan con sus reclamos por las tierras que legítimamente les pertenecen.

La comunidad Wichí, ubicada en la zona de El Quebrachal, lucha desde hace siete años por la restitución de su territorio. En 2018, Saravia los denunció por usurpación, alegando ser propietario de 18 hectáreas mediante un boleto de compraventa. Los integrantes de la comunidad sostienen que el terrateniente cuenta con arreglos con jueces, fiscales y la policía que facilitan la apropiación ilegítima de tierras con personería jurídica, de propiedad colectiva e indígena.

En el polémico audio, Saravia detalla que entregó copias de un fallo judicial a la policía y al fiscal, y remata: “Ya los van a cagar a palos a los indios, si siguen hinchando las bolas… no entienden ellos, son monos… no son humanos, son bestias… igual que un simio”, palabras con desprecio y violentas que pusieron en evidencia un patrón de discriminación y amenaza que afecta directamente a niños, jóvenes y familias de la comunidad.

El conflicto por la tierra se mantiene vigente. La comunidad Wichí continúa reclamando el reconocimiento y respeto de sus derechos, mientras la difusión del audio intensifica la tensión y subraya la persistente vulneración de derechos de los pueblos originarios en la región.