La investigación por las graves amenazas que sacudieron la esfera política local sumó un capítulo determinante. Esta mañana, el Fiscal Penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó formalmente a Sergio Reinaldo “El Cabo” Márques por el delito de amenazas agravadas por el anonimato (dos hechos). Al cierre de la jornada, el acusado fue trasladado bajo custodia e ingresado en la Unidad Carcelaria N° 2.
La caída de Márques se precipitó tras un informe de la empresa de telefonía Claro. Según la fiscalía, tanto el intendente José María Issa como el subsecretario de Seguridad, Federico Delgado, recibieron mensajes intimidatorios desde el número 3876-525398. La prestataria confirmó que dicha línea pertenece al imputado, lo que derivó en su inmediata detención y el secuestro de sus dispositivos electrónicos en un operativo realizado por la Brigada de Investigaciones.
La causa cobró relevancia por el tenor de los mensajes recibidos por el jefe comunal en su teléfono particular. Según consta en la denuncia y su posterior ampliación, el pasado 2 de abril, Issa recibió un WhatsApp que rezaba: “Si valorás y amás a tu familia sabés lo que tenés que hacer”.
Al día siguiente, la amenaza se repitió con un tono aún más directo: “Amás a tus hijos y tu familia, andá con cuidado”. De acuerdo con la investigación, estos mensajes buscaban generar temor y presionar para lograr la renuncia del Subsecretario de Seguridad, quien también recibió textos similares: “Si amás y valorás a tu familia, renunciá”.
Márques, conocido en la comunidad como plomero y por su actividad en redes sociales —donde se presenta como influencer y periodista—, posee una amplia planilla prontuarial.
De hecho, ya contaba con una denuncia previa radicada por el propio Federico Delgado. En aquella ocasión, el funcionario lo acusó por amenazas y desobediencia judicial tras un incidente ocurrido durante un control de tránsito, donde Márques se habría interpuesto en el operativo exclamando: “A este impresentable hay que matarlo”.
Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por el Defensor Oficial, Edgardo Martínez, y optó por su derecho de abstenerse de declarar. Por su parte, el intendente Issa se constituyó como querellante con el patrocinio del abogado Nicolás Ruiz.
El Juez de Garantías, Mario Dilascio, hizo lugar al pedido de detención efectiva dada la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la causa. El Código Penal establece para este tipo de delitos —cuando son anónimos— penas que oscilan entre uno y tres años de prisión.
Fuente: El Tribuno
