La Justicia de Salta lleva adelante una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas en la Unidad Educativa N° 7160, conocida públicamente como la «escuela fantasma». La causa se inició tras la denuncia formal presentada por la docente Celia Alancay junto a su abogado Nicolás Vedia ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), conducida por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.
Según consta en la denuncia, el organismo judicial investiga la designación de más de 300 personas dentro de una estructura que originalmente fue concebida mediante el Decreto 795/2004 con únicamente 22 cargos. Las actuaciones señalan que el establecimiento carecería de una sede física operativa y presentaría superposiciones de funciones con sobresueldos que oscilarían entre $1 millón y $1,5 millones mensuales por empleado. Ante esta situación, el Ministerio de Economía de Salta, a cargo de Roberto Dib Ashur, junto con la cartera de Educación, ordenaron de manera preventiva frenar las liquidaciones de los nombramientos que se encuentran bajo revisión.
El caso de Pablo Marcial y las dobles liquidaciones
En el marco del expediente judicial y de las revisiones administrativas sobre la nómina de personal, se constató la situación particular del dirigente político Pablo Marcial. Según los registros observados en la misma Unidad Educativa N° 7160, Marcial figura percibiendo dos remuneraciones de forma simultánea: una bajo el cargo de asistente escolar y otra como docente especial.
Marcial cuenta con un recorrido en la función pública que incluye un contrato en 2013 en la Gobernación para servicios generales, así como su paso por la Municipalidad de Salta como coordinador general de Asuntos Vecinales. La aparición de su nombre y de más de 300 contratos bajo la lupa genera fuertes cuestionamientos en el ámbito político e institucional respecto a los mecanismos de supervisión y validación de nóminas dentro de la gestión conducida por la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales.
