A más de 13 años de la desaparición de María Cash, la joven de 26 años que fue vista por última vez el 8 de julio de 2011 mientras viajaba hacia el norte del país, la causa continúa abierta con nuevos avances. En este contexto, el fiscal federal Eduardo Villalba confirmó que se realizarán nuevos rastrillajes en un tramo de 30 kilómetros de la ruta nacional 16, como parte de las acciones para dar con el paradero de su cuerpo.

La ruta 16, considerada un recorrido habitual del camionero Héctor Romero, imputado por el homicidio de la joven, es el punto de foco de estos nuevos operativos. Romero, quien transportaba mercadería hacia Joaquín V. González, utilizaba esta vía frecuentemente, lo que ha llevado a los investigadores a centrar sus esfuerzos en sectores estratégicos de la ruta.

El operativo, que contará con la participación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), se enfocará en tres puntos clave de la ruta 16. Estos fueron seleccionados por sus características geográficas, que podrían haber facilitado el ocultamiento de un cuerpo: la zona del Boquerón, El Tunal y otros sectores aislados de la ruta, con baja visibilidad y poca circulación vehicular. En cambio, se ha descartado la ruta 9/34, que presenta mayor tránsito y dificultaría la ocultación de evidencias.

Uno de los elementos fundamentales en la investigación ha sido la geolocalización del teléfono de Romero, que reveló que estuvo detenido durante más de una hora en un tramo específico de la ruta 16 el 9 de agosto de 2011, más de un mes después de la desaparición de María Cash. Este dato ha reforzado la hipótesis de que el cuerpo podría haber sido descartado en ese sector.

A pesar de las dificultades que presenta el operativo, como las condiciones climáticas adversas propias de la temporada de lluvias, el SIFEBU desplegará tecnología avanzada como drones, perros rastreadores y otros recursos para optimizar las tareas. Se priorizarán los sectores cercanos a cursos de agua y aquellos con menos visibilidad, donde las probabilidades de hallar pistas sean más altas. El proceso de búsqueda, según las autoridades, podría extenderse por semanas o incluso meses, dependiendo de los resultados obtenidos en los primeros rastrillajes.

A más de 13 años de la desaparición de María Cash en Salta, en las últimas horas se llevó a cabo la detención de Héctor Romero, el camionero de 71 años que trasladó a la joven antes de ser vista por última vez. Una llamada clave, el testimonio de su hermano y una frase crucial llamó la atención de los investigadores.

La detención de Romero se llevó a cabo luego de que el fiscal general Eduardo Villalba ordenara revisar todas las hipótesis y testimonios del expediente.

Tras la audiencia de imputación, el fiscal aclaró que la investigación “nunca paró” y que lamentablemente a causa de los numerosos avistamientos denunciados por testigos la línea se fue desviando.

Sin embargo, resaltó que en las cinco oportunidades que declaró el camionero ante la Justicia se identificaron una serie de inconsistencias en los horarios y sospechas sobre los movimientos del camionero. Detalló que, de acuerdo a las pruebas deductivas, el acusado habría asesinado a María en el trayecto de Güemes a Joaquín V. González, y en ese lapso se habría desecho del cuerpo.

La senadora por el departamento Anta, Dra. Betina Navarro, expresó su preocupación ante las irregularidades detectadas en el Hospital Oscar H. Costas de Joaquín V. González, donde se investiga el faltante de equipamientos esenciales y otros bienes, además de posibles actos de corrupción administrativa. La situación generó un fuerte reclamo por parte de la legisladora y la comunidad local, quienes exigen medidas concretas por parte del Ministerio de Salud y la Justicia.

Origen de las denuncias

En septiembre, un abogado de Salta Capital, el Dr. Zabaleta, denunció que uno de los motores de los grupos electrógenos del hospital estaba en manos de un vecino de la ciudad. Tras radicar la denuncia en la Fiscalía, se inició una investigación que culminó el 23 de octubre con un allanamiento en el que se recuperó el motor y se restituyó al hospital. Según las declaraciones de la senadora Navarro, este grupo electrógeno había sido intercambiado por una sembradora, lo que planteó serias dudas sobre el manejo de bienes públicos.

En el momento del allanamiento, el hospital operaba con un generador prestado por un vecino para atender las emergencias. Según registros del hospital, tanto este generador como otro habían sido dados de baja el 21 de marzo de 2021, con la indicación de trasladarlos al basural municipal por estar en desuso. Sin embargo, se descubrió que uno de estos equipos seguía operativo y había sido utilizado de manera irregular.

Irregularidades adicionales

Navarro señaló que la investigación también reveló el faltante de otros bienes, incluidos aires acondicionados y un respirador adquirido durante la pandemia. Aunque algunos equipos han sido encontrados en dependencias del hospital, no se tiene certeza del número exacto de elementos desaparecidos. Inicialmente se habló de 20 aires acondicionados, pero la cifra fue reduciéndose a 12 y luego a 9, sin confirmación oficial hasta el momento.

El gerente del hospital informó sobre la reaparición inesperada de dos aires acondicionados en una dependencia interna, lo que suma confusión al caso. Además, surgieron versiones sobre otros bienes faltantes, aunque la senadora se abstuvo de confirmar esta información por falta de pruebas.

Antecedentes de denuncias en el hospital

La senadora recordó que esta no es la primera vez que se detectan irregularidades en el hospital. Hace algunos años, una delegada administrativa del Ministerio de Salud denunció irregularidades similares, pero sus declaraciones no fueron investigadas a fondo. En cambio, fue trasladada a otro hospital, lo que generó un «efecto perjudicial» para la denunciante y sembró dudas sobre la capacidad de las autoridades para enfrentar estos problemas.

En este contexto, Navarro exigió medidas inmediatas y decisivas. “Necesitamos saber la verdad, tanto desde la investigación judicial como desde la administrativa, para determinar quiénes son los responsables y qué ocurrió con los bienes del hospital”, declaró. Además, instó al Ministerio de Salud a emitir un informe detallado y a sancionar a los involucrados si se confirma su responsabilidad.

La senadora destacó que la corrupción no solo afecta al hospital, sino a otras instituciones públicas en la región, lo que ha generado hartazgo en la comunidad. “Es el momento de decir basta. Si se comprueban los hechos, hay que tomar decisiones y sancionar a los responsables. Detrás de estas irregularidades hay una comunidad que espera justicia”, agregó.

Expectativas y próximos pasos

Navarro confirmó que está en contacto con las autoridades del Ministerio de Salud y que en los próximos días se espera un informe oficial sobre las medidas administrativas a tomar. Paralelamente, la fiscal Celeste Pisacic encabeza la investigación judicial, que busca esclarecer el destino de los bienes desaparecidos y establecer responsabilidades penales.