La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una banda que cometía delitos contra la propiedad en Joaquín V. González.  La investigación inició tras denuncias de damnificados por la sustracción de dinero en camionetas estacionadas en la vía pública.

En ese marco, ayer se realizaron 6 allanamientos en inmuebles de las localidades de El Quebrachal y Embarcación. Fueron detenidos los investigados, cinco hombres mayores de edad.

Secuestraron dinero, celulares y otros elementos de interés para la causa junto a dos autos, vehículos que habrían sido utilizados para cometer los ilícitos.

Intervino la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1 jurisdicción Anta.

El juez federal de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, envió a juicio a un empleado judicial salteño acusado por el transporte de más de 23 kilos de marihuana hallados en diciembre de 2024 en una camioneta de su propiedad durante un control realizado a la altura de la ciudad de Joaquín V. González. El auto de apertura a juicio, dictado el 1° de julio pasado, incluye también a otros dos hombres, todos acusados por resultar coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

En el caso, intervino desde su inicio la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, que fue quién realizó el requerimiento de juicio para los tres implicados: Daniel Fernando Aponte, Ángel Guido Luna y Darío Antonio Peralta. Ello se formalizó en un audiencia de Control de Acusación, llevada adelante el 30 de junio de este año. Allí, repasó cómo inició el caso, el 21 de diciembre pasado.

Según expuso la fiscal, personal de Gendarmería Nacional realizaba un control en la ruta provincial 5, a la altura de la ciudad de Joaquín V. González, cuando detuvo a una camioneta Kia Sorento. El vehículo era manejado por Luna, que informó que provenía de Pichanal, en el norte de la provincia, y se dirigía a Rosario de la Frontera, en el límite con Tucumán. Mientras revisaban los papeles del auto, uno de los gendarmes observó en el baúl varias monturas de caballos, por lo que solicitó al chofer que las corriera para ver que había debajo.

Luna se negó a hacerlo, lo que llevó al personal de Gendarmería a moverlos ellos mismos. En ese momento, descubrieron que los dos paneles laterales habían sido manipulados, lo que fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal, tras lo cual se avanzó con una requisa más profunda. Al abrirlos, encontraron ocultos y distribuidos en diferentes sectores del automóvil 24 paquetes, equivalentes a un peso total de 23 kilos y 663 gramos de marihuana con una capacidad suficiente para producir 438.304 dosis.

En función de ello, el 23 de diciembre de 2024, la fiscal formalizó la investigación penal en contra de Luna, para luego avanzar con una serie de tareas de campos e inteligencia, entre ellas el análisis del teléfono celular secuestrado al chofer.

Esa labor permitió establecer la participación en la maniobra de tráfico de Peralta, detenido el 25 de febrero de este año, y finalmente del empleado judicial Aponte, quien fue capturado el 18 de marzo, lo que llevó a la fiscalía a la imputación final de transporte agravado por el número de intervinientes.

Carga probatoria

Entre otras evidencias, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el vehículo en el que Luna llevaba la droga tenía como titular a la firma “Aponte S.R.L.”, siendo la misma una empresa de transporte, de la cual el empleado judicial es dueño junto a otro familiar, con lo cual concluyó que este imputado fue quien puso a disposición el rodado para concretar el fallido transporte de la droga.

Además, refirió que del teléfono celular del conductor surgieron evidencias que llevaron a detener a Peralta, pues se estableció que ambos habían viajado el 19 de diciembre del 2024 desde Rosario de la Frontera, con destino a Orán, a donde llegaron al otro día. Tras proveerse de la droga, el retorno se produjo el 21 de ese mes, pero ya sin Peralta.

Por otra parte, los cruces telefónicos finalmente dejaron expuesto al empleado judicial, quien tuvo una intensa actividad de monitoreo sobre el transportista y su ruta de viaje. Los llamados se acrecentaron cuando Luna ya estaba próximo a llegar, circunstancias en que dejó de reportarse debido a que había sido detenido.

En ese lapso, Aponte no solo realizó varios llamados sino que, al tomar conocimiento de la captura de Luna,  se contactó con un abogado local, a quien le habría encomendado asumir la representación legal del transportista, con el fin de conocer las actuaciones judiciales y de esa forma, interponer una coartada.

De acuerdo a lo que señaló la fiscal,  esa situación se dio de esa manera ya que, al formalizarse la imputación en su contra, Aponte -quien ingresó al Poder Judicial en el 2005 y se desempeñó en viarios juzgados penales- intentó tomar distancia del caso al sostener que le había cedido la camioneta Kia a Luna para que se la mostrara a un comprador en Metán.

Con este argumento, buscó darle sentido a las comunicaciones y mensajes intercambiados con el mismo. También reconoció el contacto con el abogado del transportista, pero afirmó que lo hizo con el solo objetivo de recuperar la camioneta. Dicha coartada, sin embargo, fue rebatida por la fiscalía a partir de los chats que mantuvo con el transportista, quien le dijo que estaba alojándose en un hotel en Orán, sin que ello despertara ningún reproche de su parte, pues solo había autorizado a su amigo viajar hasta Metán, ubicada a 35 kilómetros.

El MPF También resaltó que Aponte reiteró varias veces que Luna no era de su círculo de amistad, razón por la cual debió haberse mostrado más preocupado, ya que su vehículo estaba más allá de Metán. Sin embargo, no le hizo ningún reclamo.

La fiscalía también detalló las llamadas entre Aponte y el defensor de Luna y consideró que evidenciaban el seguimiento que hizo del rodado que regresaba con la droga, a la vez que descartó el supuesto interés por recuperar el vehículo, ya que en ningún momento hizo alguna presentación formal para la devolución de la camioneta.

En base a la carga probatoria expuesta, la fiscalía ratificó la acusación, la que quedó firme, pues las defensas no realizaron objeciones. Superada esta etapa, el juez dio paso al debate respecto a las evidencias que serán reproducidas en el juicio, sin que ello tampoco generara controversias. Por último, y también a pedido de la fiscalía, el magistrado extendió la prisión preventiva de los tres acusados, medida que tomó en consonancia con el análisis de los riesgos procesales realizado por las fiscalías, sin que ello tampoco fuera motivo de oposición por las defensas.

En Joaquín V. González, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, junto al intendente municipal Juan Domingo Aguirre y el gerente general del hospital Oscar Costas, Cristian Aguirre, pusieron en funcionamiento el primer servicio público de diálisis de la región sudeste de la provincia. La inauguración formal se realizó este lunes, con la atención inicial de dos pacientes.

El nuevo servicio está bajo la dirección del especialista en Nefrología, Antonio Moya, y cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por enfermeros, técnicos, personal de mantenimiento, limpieza y choferes. La infraestructura dispone de cuatro sillones equipados con máquinas dializadoras, operando en tres turnos diarios, de lunes a sábado. La capacidad inicial permite atender hasta 24 pacientes, con la posibilidad de ampliar a seis puestos en el corto plazo.

En la ceremonia, el ministro Mangione destacó la concreción de una promesa de gestión: “Esta administración trabaja con hechos y no sólo palabras. Estamos cumpliendo con el mandato del gobernador Gustavo Sáenz de federalizar la salud pública en Salta”. Añadió que el hospital de Joaquín V. González ha sido jerarquizado como centro de referencia para el tratamiento de la enfermedad renal crónica en la zona sudeste.

El ministro resaltó el impacto social de esta obra: “Antes, los pacientes debían viajar hasta 200 kilómetros tres veces por semana para recibir diálisis, un esfuerzo enorme que ahora evitamos. Este avance representa un cambio sustancial en la calidad de vida de los pacientes y sus familias”.

Por su parte, el Gerente general del hospital, afirmó que “poner en marcha este servicio es un logro colectivo que acerca la salud a quienes la necesitan, reduciendo distancias y dificultades. Agradecemos el compromiso político que hizo posible esta decisión”.

La inauguración contó con la presencia de legisladores nacionales y provinciales, autoridades municipales y representantes del Ministerio de Salud Pública, quienes destacaron la importancia del nuevo dispositivo para la comunidad.

Actualmente, 16 pacientes dependientes del sistema público reciben tratamiento dialítico en centros privados de Metán o Rosario de la Frontera. A partir de ahora, podrán acceder al servicio en su ciudad. De estos pacientes, cinco residen en Joaquín V. González, y el resto en localidades vecinas como Las Lajitas, El Quebrachal, Apolinario Saravia, entre otras.

Este es el cuarto servicio público de diálisis habilitado en el interior provincial, sumándose a los de Orán, Tartagal y Cafayate. Se proyecta la apertura de un quinto centro en el hospital Dr. Joaquín Castellanos de General Güemes.

Durante el acto, el ministro Mangione también inauguró la nueva guardia de emergencias para adultos del hospital local, equipada con tecnología moderna, incluyendo sala de shockroom, desfibrilador y monitor multiparamétrico, con el fin de optimizar la atención en urgencias médicas.

El hospital base de Joaquín V. González, de tercer nivel de complejidad, atiende a cerca de 30 mil habitantes de la ciudad y localidades aledañas, y funciona como referencia para centros de menor complejidad en la región, incluso recibiendo pacientes de la vecina provincia de Chaco.

Su cartera de servicios abarca clínica médica, pediatría, ginecología, cirugía, traumatología, salud mental, entre otros, con atención especializada periódica en diversas áreas, incluyendo nefrología, fortaleciendo así la oferta sanitaria para la comunidad.