Justicia millonaria, resultados pobres: Salta gasta $10.000 millones para resolver solo 4 de cada 100 delitos

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó su cuarta actualización del Ranking de Eficacia Político-Criminal, un estudio que mide la capacidad de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) de Argentina para dar respuestas de calidad (condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos) a los conflictos penales. En este nuevo relevamiento, Salta se ubica en el puesto 11 del ranking nacional, liderado por la provincia del Chaco.

A pesar de ser una de las provincias con mayor actividad judicial, las tasas de eficacia en Salta han mostrado un estancamiento en los últimos tres años:

• 2021: 5,14% (la tasa más alta registrada).

• 2022: 4,14%.

• 2023: 4,56%.

Este 4,56% de eficacia resulta alarmante si se cruza con el volumen de trabajo. Salta es la tercera jurisdicción con más casos ingresados del país (134.275 causas), siendo superada solo por Buenos Aires y el MPF de la Nación. Sin embargo, del total de esas causas, la gran mayoría termina en el descarte: se registraron 65.790 desestimaciones.

El informe desglosa cómo se resolvieron los conflictos en la provincia durante el último periodo medido:

• Sentencias condenatorias: 2.758

• Suspensiones de juicio a prueba: 2.758

• Acuerdos reparatorios: 3.074

• Sobreseimientos: 1.579

• Absoluciones: 349

Para sostener esta maquinaria judicial, el MPF de Salta contó en 2023 con un presupuesto de $10.432.402.487. La institución emplea a 694 personas, entre las cuales se encuentran:

• 242 abogados y 48 fiscales penales.

• 137 personas asignadas al cuerpo de peritos.

• 134 personas en el cuerpo de investigación.

El INECIP aclara que la tasa medida es «básica». Según los directores de la investigación, Alberto Binder, Julián Alfie y Sofía Serrizuela, si se analizara si la respuesta fue la adecuada para cada caso concreto, los resultados serían aún más preocupantes.

El informe concluye con una crítica a la falta de planificación: «Todo Ministerio Público Fiscal soluciona unos pocos casos y descarta a la mayoría», señalando que la responsabilidad de decidir qué casos reciben una respuesta de calidad recae directamente en las máximas autoridades institucionales (Procuraciones o Fiscalías Generales).

Mientras Salta entrega sus datos para ser evaluada, provincias como Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán fueron señaladas por el INECIP por no publicar información ni responder solicitudes, incurriendo en una «grave violación al derecho a la información pública».

/Página12