En el departamento Anta, el silencio de las oficinas nacionales en Buenos Aires se traduce en angustia real. Para una paciente de Joaquín V. González que padece leucemia crónica, la falta de envío de drogas de alto costo por parte del Gobierno nacional no es una estadística, es una sentencia. «La doctora me dijo que mi enfermedad está avanzando porque no tengo la medicación», relató el paciente, en un testimonio que refleja la realidad de cientos de salteños.

La situación es límite. El medicamento que esta vecina necesita, Bosutinib 400 mg, tiene un costo de mercado cercano a los 15 millones de pesos. Para quien percibe una pensión por invalidez que no cubre la canasta básica, la cifra es inalcanzable.

La desesperación ha llevado a medidas extremas: «Estoy tomando una medicación que está vencida; la doctora me ha dicho que siga tomando eso antes de que me quede sin nada», confesó. La falta de continuidad en los ciclos de tratamiento pone a los pacientes en riesgo de que sus cuadros pasen de crónicos a agudos, sin posibilidad de retorno.

Ante este escenario acuciante, el gobernador Gustavo Sáenz alzó la voz para denunciar el abandono que sufren los sectores más vulnerables. El mandatario vinculó la falta de medicamentos oncológicos con el desfinanciamiento a jubilados y a instituciones de discapacidad.

«No podemos tener peregrinando a nuestros jubilados para que les den los medicamentos oncológicos. La salud es fundamental y no tiene color político», sentenció Sáenz.

El Gobernador volvió a cargar contra los legisladores nacionales de la oposición local («olmedistas») por su ausencia en las mesas de diálogo convocadas para defender los intereses provinciales. «Esa falta de empatía, de sensibilidad y de humanidad los hace diferentes a nosotros», disparó el mandatario, subrayando que la crisis sanitaria no puede esperar a los tiempos de la política.

Mientras la Nación mantiene suspendida la entrega de drogas de alta complejidad, la Provincia intenta dar respuestas, aunque la cobertura total de medicamentos de tan alto costo es un desafío financiero monumental. Según los testimonios, los hospitales públicos como el San Bernardo mantienen la provisión de drogas de menor costo, pero el bache generado por la falta de envíos nacionales en tratamientos específicos de hematología y oncología está dejando a los pacientes desamparados.

«Si no tenemos eso, nos empezamos a morir», advierten los damnificados. El mensaje de Salta hacia la Casa Rosada es uno solo y urgente: la microeconomía y la política pueden tener sus tiempos, pero la salud de los salteños no.

Ante la creciente preocupación por la aparición de escritos con advertencias de tiroteos en diversas escuelas de la capital y el interior, el Gobierno de la Provincia de Salta tomó cartas en el asunto. A través de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, se inició un abordaje integral para analizar el comportamiento de los adolescentes y brindar herramientas de intervención a las instituciones afectadas.

El responsable del área, Martín Teruel, confirmó que la Provincia se encuentra en una etapa activa de evaluación del panorama. El objetivo del Estado provincial es claro: no tratar estos hechos como episodios aislados, sino entender la lógica de «resonancia» que generan las redes sociales.

«El primer paso de la Provincia es colaborar directamente con las intervenciones que se deben hacer en cada establecimiento», aseguraron desde el área, remarcando que existe una decisión política de acompañar a las comunidades educativas para evitar que el pánico se generalice.

Desde el Ejecutivo provincial se hace hincapié en que este no es solo un problema de conducta escolar, sino un síntoma social. Teruel reflexionó sobre el rol de los mayores, señalando que los menores son, en gran medida, «el resultado de vivencias del mundo adulto». Por ello, la Provincia busca que la respuesta no sea meramente punitiva, sino que incluya una mirada amplia sobre la salud mental y la falta de empatía en los entornos digitales.

La Provincia advierte que las redes sociales funcionan como una caja de resonancia que amplifica mensajes que antes pasaban desapercibidos. En este sentido, la intervención oficial busca proveer protocolos de contención ante situaciones de crisis, concientizar sobre la trazabilidad de los mensajes en entornos digitales e instar a los padres a supervisar el consumo digital de los jóvenes, entendiendo que la falta de consideración por el otro nace de una tensión social que nos atraviesa a todos.

Con estas acciones, la gestión provincial busca llevar tranquilidad a los padres y docentes, garantizando que los equipos de Salud Mental están monitoreando la situación para proteger el bienestar emocional de los estudiantes salteños.

La imagen en el salón del Foro de Intendentes habló por sí sola: una hilera de sillas vacías con los nombres de los representantes de La Libertad Avanza (LLA) marcó un nuevo desplante hacia la institucionalidad provincial. Pese a la urgencia de la convocatoria y la anticipación de la invitación, la senadora y los diputados libertarios decidieron no asistir al encuentro donde se buscaba debatir el futuro de los municipios frente al ajuste nacional.

No es la primera vez que Emilia Orozco, Gabriela Flores y Gonzalo Guzmán Coraita evitan el diálogo con los actores territoriales. Para los jefes comunales, que hoy gestionan en la trinchera de la crisis, el argumento de «problemas de agenda» es insuficiente. Consideran que su ausencia es un «ninguneo» directo hacia quienes deben lidiar diariamente con la quita de subsidios, la parálisis de la obra pública y el hambre en los barrios.

«Tendrían que estar acá para presentar lo que hicieron y escucharnos. Su banca pertenece a los ciudadanos de Salta, no a un partido», reclamaron desde el Foro.

La reunión, encabezada por Marcelo Moisés, presidente del Foro, mostró un fuerte contraste. Mientras los libertarios brillaron por su ausencia, otros legisladores como la senadora Flavia Royón y los diputados Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernardo Biella sí se hicieron presentes.

Los intendentes les pidieron a estos últimos que actúen como sus voceros en el Congreso para apuntalar las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz. La demanda fue clara: los representantes deben despegarse de la lógica partidaria y defender los recursos que Nación ha retirado, afectando gravemente el financiamiento local.

Para el Foro de Intendentes, la actitud de los legisladores de LLA pone de manifiesto una «desconexión alarmante» con el interior profundo. Mientras la crisis social escala, el silencio y la falta de presencia de los referentes oficialistas en la provincia es visto como una retirada total del acompañamiento nacional.

«Es una falta de respeto a la institucionalidad; ellos representan a Salta y la situación que atravesamos es más que preocupante», concluyeron, reafirmando que la gestión territorial no puede esperar a los tiempos de la política porteña.