Lo que durante meses circulaba como rumor en ámbitos políticos y administrativos de Jujuy, hoy se confirma con documentos y testimonios: la distribución discrecional de cargos en organismos nacionales y provinciales se habría convertido en una práctica consolidada, con el PAMI y la ANSES como escenarios centrales.

Fuentes oficiales señalan que Martín y Lule Menem habrían intervenido directamente en la designación de funcionarios, favoreciendo allegados y estructuras de confianza, dejando en evidencia una red de influencia que compromete la transparencia del sistema previsional.

En el ámbito local, el diputado Manuel Quintar aparece como beneficiario de estas decisiones. Según denuncias recibidas por este medio, Quintar habría colocado como director del PAMI provincial a Evaristo Bautista, administrador de su propia clínica privada, Los Lapachos. La movida generaría un evidente conflicto de intereses, al concentrar el control del servicio público y la gestión de su negocio particular en un mismo espacio.

Las irregularidades alcanzan también a la emisión de certificados de la ANDIS, requisito indispensable para que personas con discapacidad accedan a pensiones. Informes internos indican que dichos certificados provienen de la clínica de Bautista, generando un circuito cerrado que beneficia directamente al diputado, mientras los beneficiarios enfrentan demoras y trabas burocráticas que afectan sus derechos.

El panorama se completa con la participación del senador Ezequiel Atauche, quien según allegados a la gestión provincial habría respaldado estas designaciones, reforzando la percepción de complicidad política en torno a estas decisiones.

Consultados por este medio, voceros de PAMI y ANSES se limitaron a señalar que todas las designaciones se ajustan a la normativa vigente, sin entrar en detalles sobre los posibles conflictos de intereses ni la gestión de recursos destinados a jubilados y personas con discapacidad.

Las denuncias plantean interrogantes sobre la administración de fondos públicos y la ética en la designación de funcionarios, poniendo en el centro del debate la necesidad de mecanismos de control más estrictos y transparentes, que garanticen que los recursos destinados a los sectores más vulnerables no sean utilizados para favorecer intereses privados.

Mientras tanto, jubilados y beneficiarios continúan sufriendo retrasos en trámites y servicios, evidenciando una brecha entre las decisiones políticas y las necesidades reales de la población.

El caso promete derivar en investigaciones más profundas, tanto administrativas como judiciales, para determinar si los designios políticos han comprometido el derecho a la salud y a la seguridad social de los ciudadanos de Jujuy.

La Secretaría de Trabajo informó que el día 15 de agosto será considerado como día no laborable, con fines turísticos. Esto obedece a que el domingo 17, se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, fue establecido como un feriado nacional trasladable pero al caer domingo, queda fijo, según lo establecido en la Ley Nacional N.º 27.399 de feriados y fines de semana largos.

Cabe destacar que prevé su traslado únicamente cuando coincide con días martes o miércoles (para el lunes anterior) o días jueves o viernes (para el lunes siguiente).

De esta manera, al tratarse de día no laborable, la decisión sobre la prestación de servicios recaerá en el sector empleador privado. Esto quiere decir que, si se decide trabajar, el personal deberá cumplir su jornada habitual sin percibir una remuneración adicional. En tanto, si se decide no trabajar, los trabajadores estarán exentos de asistir, percibiendo igualmente su remuneración normal por ese día.

Feriados 2025

El artículo 7 de Ley Nacional N.º 27.399 de feriados y fines de semana largos, estableció para el año 2025 los siguientes días no laborables:

*- Viernes 2 de mayo.
*- Viernes 15 de agosto.
*- Viernes 21 de noviembre.

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, dio un paso que expertos califican como un retroceso histórico en materia de control de armas. Mediante el Decreto N° 445/25, disolvió la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), organismo clave en la política pública de desarme desde 2015, y restableció el obsoleto Registro Nacional de Armas (Renar) bajo la dependencia directa del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich.

Especialistas en políticas de desarme y organizaciones sociales alertan que esta decisión borra de un plumazo años de avances en regulación, debilitando la capacidad del Estado para supervisar la tenencia y uso de armas. Julián Alfie, director del Inecip, sostiene que con esta medida “el Gobierno renuncia a prevenir la violencia con armas de fuego, dando un salto hacia atrás que equivale a casi medio siglo”.

El cambio se suma a una serie de medidas impulsadas por la actual gestión que flexibilizan el acceso a armas; reducción de la edad mínima para comprarlas, simplificación de trámites y habilitación para la compra de armas semiautomáticas, propias de conflictos bélicos y masacres civiles. Estas reformas, denuncian, reproducen un modelo estadounidense que ha demostrado su fracaso en términos de seguridad pública.

Además de eliminar las funciones específicas de la Anmac —como el registro, control, destrucción y campañas de prevención— el decreto suprime el fondo destinado a financiar estas políticas, debilitando la estructura institucional del control estatal.

Organizaciones como la Red Argentina para el Desarme y Amnistía Internacional cuestionan la justificación oficial, que argumenta la medida en términos de reducción de costos y burocracia. Denuncian que este ahorro presupuestario se realiza a costa de la seguridad ciudadana y sin debate legislativo, ya que el decreto fue emitido amparado en facultades delegadas.

La decisión oficial, lejos de garantizar mayor seguridad, favorece la proliferación de armas en manos civiles, exponiendo a la sociedad a mayores riesgos de violencia, femicidios, accidentes y aumento del poder del crimen organizado.

El Congreso debe intervenir para frenar esta política que, en opinión de especialistas, no solo desarma al Estado, sino que arma a una sociedad cada vez más insegura. La gestión de Milei profundiza así una agenda que desafía la prevención y la regulación, con consecuencias que podrían ser irreversibles.