La parálisis de la obra pública nacional y el deplorable estado de las calzadas en el sur salteño obligaron al Gobierno de la Provincia a tomar una medida drástica y de emergencia. El gobernador Gustavo Sáenz firmó un convenio específico de colaboración y financiamiento con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, con el único objetivo de reactivar los trabajos de infraestructura en la Ruta Nacional 9/34, en el tramo críticamente conocido que une a Metán con Rosario de la Frontera.
El acuerdo técnico-financiero establece un mecanismo de carácter excepcional: será la Provincia de Salta la que asuma el financiamiento del tramo, empujada por las imperiosas razones de interés público, el alarmante índice de siniestralidad vial, la falta de seguridad para los conductores y la conectividad regional que se encuentra en jaque.
Poner la plata para que vuelvan las máquinas
El convenio es el resultado de múltiples gestiones ante el Gobierno Central para intentar destrabar una de las obras viales más deseadas e indispensables para el sur provincial y el desarrollo productivo de la región. Mediante esta articulación, la Provincia inyectará el flujo de capitales necesario para garantizar que los fondos se traduzcan de manera inmediata en operarios y máquinas trabajando sobre la calzada, sorteando el histórico freno administrativo nacional.
Un detalle clave del documento deja en claro los grises de la negociación:
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La intervención financiera de Salta no implica una alteración del contrato original de obra pública que sigue estando formalmente a cargo de la Nación.
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El contrato continuará rigiéndose por los respectivos pliegos licitatorios vigentes, por lo que no se modifican las competencias de cada jurisdicción. Sin embargo, en los hechos, Salta debe hacerse cargo del auxilio económico para evitar que la obra quede en el olvido absoluto.
En el texto del acuerdo, las propias autoridades viales reconocieron lo que los vecinos, camioneros y automovilistas denuncian a diario: el estado actual de la traza de la Ruta 9/34 es insostenible y requiere de tareas urgentes de conservación de la infraestructura para poder recuperar, al menos, un estándar mínimo de transitabilidad.
El abandono estatal convirtió a este corredor comercial en una verdadera «trampa mortal» llena de baches profundos, deformaciones en el asfalto y nula señalización. Si bien el anuncio de la reactivación financiera trae un alivio temporal y la promesa de ver asfalto nuevo, también reaviva el debate sobre la asimetría federal, donde las provincias del interior deben terminar costeando con sus propios recursos las obligaciones y las rutas que le corresponden legalmente a la Nación.
