La secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique, la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, y la directora de Materno Infancia, Patricia Leal, se reunieron con las y los senadores Manuel Pailler, Carlos Keti Rosso, Daniel Nolasco, Sonia Magno, y Carlos Ampuero, respectivamente, para plantear la mirada de ambos organismos respecto al proyecto de ley que insta a establecer consejerías integrales en los establecimientos de salud, que dispensen atención a la embarazada, a partir de la incorporación de terceros provenientes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles.
Dorigato remarcó que la provincia cuenta desde hace muchísimos años con consejerías integrales y aclaró: “se trata de un modelo de atención que se enmarca en los procesos de atención a la salud sexual y reproductiva de la población, que acompaña distintas etapas, entre ellas el embarazo, y que es llevado a cabo por profesionales sanitarios, de manera interdisciplinaria. Además, forma parte de los circuitos y flujogramas de asistencia sujetos a las normativas vigentes para la atención de las personas gestantes”.
“Estas consejerías brindan una atención interdisciplinaria a cargo de profesionales de la salud debidamente formados, que apoya la toma autónoma de decisiones de la persona usuaria en base a información actualizada, clara, oportuna, y con validación científica, sin ningún tipo de injerencia, desde una mirada sujeta a derechos y según lo establecido en las leyes 27.610 y 27.611”, subrayó Carrique.
En esa línea, la funcionaria de la cartera de Salud recordó que el Ministerio de Salud Pública de Salta creó, a través de la Resolución 665, los Lineamientos para el Control Prenatal Óptimo, considerando una serie de entrevistas o visitas programadas de la persona gestante con los integrantes de los equipos sanitarios, a los fines de vigilar la evolución del embarazo y obtener una preparación adecuada para el parto y la crianza. A la vez, aclaró que la Provincia cuenta con una mesa interministerial de la Ley de los 1000 días, mediante la cual se trabaja para la correcta implementación y cumplimiento de este derecho.
La Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad expresó que “resulta arriesgado incluir dentro del sistema de Salud a organizaciones de las que no sólo desconocemos el grado de formación, sino también que tienen fines y objetivos específicos que colisionan directamente con la legislación vigente que el Estado debe respetar y hacer cumplir”.
Participaron también de la reunión asesores legales y equipos técnicos de las y los legisladores.
