La prestación de servicios de salud en Salta se encuentra en el centro de un fuerte debate, con el ministro de Salud, Federico Mangione, denunciando que la falta de anestesistas mantiene las cirugías reducidas a la mitad en hospitales clave, una situación que la Asociación Salteña de Anestesia niega rotundamente.
Mangione planteó que el Hospital Materno Infantil y el San Bernardo, entre otros, están operando a media máquina, con pacientes que llegan a esperar más de seis meses por intervenciones básicas como un reemplazo de cadera.
“Cada sedación implica un costo exorbitante”, señaló el ministro, que apuntó directamente al esquema de beneficios que, según su visión, se concentra en un grupo reducido de profesionales, lo cual hace el sistema “insostenible”.
«Unos pocos se llevan todo y dejan a la gente sin atención. Conmigo no va a pasar más. No me importa lo que digan, deberán responderle a la sociedad», sentenció el funcionario.
El ministro de Salud, acusó a los anestesistas de manejar un “monopolio extorsivo” en los hospitales públicos. Según reveló, algunos profesionales llegan a cobrar hasta 97 millones de pesos mensuales, lo que impacta directamente en la atención de los pacientes.
La Respuesta de los Anestesistas
Las duras declaraciones de Mangione chocan de frente con la postura de la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR), que semanas atrás expuso su posición en el Senado provincial.
El presidente de la entidad, César Salazar, defendió la calidad del servicio y negó que exista una falta de profesionales en la provincia. En esa ocasión, Salazar fue enfático al sostener que «nunca se suspendieron cirugías por esa causa».
La Asociación, que agrupa a 104 anestesiólogos, rechazó además lo que calificaron como «declaraciones públicas con información errónea». La entidad aseguró que la habilitación de nuevos cupos de residencia no depende de ellos, sino de organismos nacionales como la Academia Nacional de Medicina y el Ministerio de Salud.
De fondo, el debate se libra en torno al proyecto de Ley del Sistema de Residencias de Salud, donde la ASAAR afirmó que su institución «no necesita una ley de emergencia sanitaria», marcando su posición en contra de medidas extraordinarias que busquen modificar el statu quo de la especialidad.
El conflicto deja en evidencia una profunda disputa entre el Ejecutivo provincial y el sector profesional, con miles de salteños pendientes de la normalización del servicio quirúrgico.
