Nacionales
Media sanción para el proyecto que obliga a las escuelas a abrir los días de paro
En una sesión tensa y conflictiva desde el arranque, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de ley que declara a la educación como “servicio estratégico esencial” para garantizar el dictado de clases durante los días de paro. La iniciativa, impulsada por los bloques de Pro, la UCR y la Coalición Cívica con el aval del oficialismo, fue rechazada por el kirchnerismo y los bloques de izquierda, que despotricaron contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y alegaron que, con esta iniciativa, se vulnera el derecho constitucional a la huelga.
El proyecto -que tuvo 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones- establece que tanto la Nación, como las provincias y la ciudad de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo escolar y que afecte al normal desarrollo de la actividad curricular.
Para ello, la iniciativa dispone un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, como así también el servicio de alimentación escolar.
Ante una medida de fuerza gremial, el proyecto dispone que si ésta se extiende entre uno y dos días, deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes; si se prolonga por más de tres días continuos o discontinuos, esa guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles y modalidades educativas.
Asimismo, la propuesta que ahora tendrá que tratar el Senado dispone que cada establecimiento educativo deberá prever e informar a las autoridades competentes, al inicio del ciclo lectivo, el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento en caso de medidas de fuerza gremiales.
El diputado Alejandro Finnochiaro (Pro), presidente de la Comisión de Educación, elogió la iniciativa. “Esta ley beneficia a la sociedad toda y no perjudica a nadie. Pone en el centro del debate educativo, por primera vez en muchos años, a los chicos, jóvenes y adolescentes, que son el corazón del sistema educativo”, destacó previo a la votación.
“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal –sostuvo-. Hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló.
Desde la UCR, la diputada Carla Carrizo, una de las autoras de la iniciativa acordada, enfatizó que esta “no es una ley en contra de nadie”.
“Los niños no son objetos de nadie. Ni de los sindicatos, ni de los gobiernos ni de los padres. Los derechos de la infancia en Argentina no tienen por qué seguir esperando. Esta no es una ley en contra de nadie. No estamos castigando el derecho a huelga. Estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela”, enfatizó la diputada radical.
En similar sentido se expresó su colega de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, también autor del proyecto. “Esta iniciativa no atenta contra el derecho a huelga”, enfatizó. “Hay dos derechos en pugna, ningún derecho es absoluto, pero hay un derecho superior, que es el derecho superior de los niños y niñas y adolescentes. Y que al calificar a la educación como servicio estratégico esencial, estamos tomando una decisión -que algunos comparten más, otros menos- que reafirma el papel central que deben tener los alumnos y la educación en lo que es la construcción de una sociedad mucho más equitativa”, sostuvo.
Desde la vereda contraria, la diputada kirchnerista Blanca Osuna enfatizó que, de aprobarse, esta ley violará el pleno derecho de huelga de los docentes y despotricó contra las políticas educativas del gobierno nacional.
“Al presidente Javier Milei no le interesa la educación pública; eliminó el Fondo de Incentivo Docente para, con esos recursos, financiar la educación privada por medio de vouchers”, cuestionó Osuna. Sus pares Hugo Yasky e Itai Hagman coincidieron.
“Prohibir el derecho de huelga a los docentes es como decir que encontramos la respuesta a la diarrea y usamos un tapón”, aseguró Yasky, secretario de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).
Tras aprobar esta iniciativa, los legisladores tenían previsto debatir el financiamiento a las universidades. En medio de una semana de paro de los docentes del sector, los diputados de la UCR lograron incluir este tema en la sesión pese a la renuencia inicial del bloque oficialista. Los libertarios accedieron ante la amenaza cierta de no alcanzar el quórum en el recinto para discutir los proyectos de su mayor interés, como el de la esencialidad del servicio educativo.
Fuente: La Nación
Nacionales
Milei convoca a los Gobernadores «Dialoguistas» tras el triunfo electoral
El presidente Javier Milei convocó este jueves a las 17:00 hs. en Casa Rosada solo a los gobernadores «dialoguistas» que adhirieron al Pacto de Mayo, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta). Quedan excluidos los mandatarios de la oposición más dura, buscando el Ejecutivo nacional afianzar el apoyo para la agenda legislativa post-elecciones.
El presidente Javier Milei ha convocado a la primera reunión con gobernadores tras el resultado de las elecciones legislativas, que vieron un notable crecimiento de La Libertad Avanza (LLA). El encuentro, que busca afianzar lazos para la gobernabilidad, será este jueves a las 17:00 horas en Balcarce 50, pero estará limitado a los mandatarios considerados «dialoguistas» que firmaron el Pacto de Mayo en julio pasado.
La Casa Rosada optó por un formato selectivo, excluyendo a los gobernadores más confrontativos de la oposición. Por lo tanto, se descarta la presencia de los mandatarios peronistas de línea dura: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
Los primeros en recibir la comunicación fueron los aliados directos de la Casa Rosada en los recientes comicios:
- Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
- Alfredo Cornejo (Mendoza)
- Leandro Zdero (Chaco)
- Jorge Macri (Jefe de Gobierno porteño)
También fueron convocados los gobernadores que representan el espacio Provincias Unidas y que han mantenido un diálogo fluido con el Ejecutivo nacional:
- Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
- Martín Llaryora (Córdoba)
- Gustavo Valdés (Corrientes)
- Carlos Sadir (Jujuy)
- Ignacio Torres (Chubut)
La invitación se extendió a otros mandatarios considerados claves por su alineamiento o por ser voces provinciales fuertes:
- Rolando Figueroa (Neuquén)
- Alberto Weretilneck (Río Negro)
- Claudio Poggi (San Luis)
- Hugo Passalacqua (Misiones)
- Gustavo Sáenz (Salta)
Finalmente, el encuentro incluirá a figuras del peronismo que resultaron victoriosas el domingo o que tienen un peso político regional fundamental:
- Osvaldo Jaldo (Tucumán)
- Raúl Jalil (Catamarca)
- Gerardo Zamora (Santiago del Estero)
La reunión de este jueves será crucial para la agenda del Gobierno, que busca obtener el respaldo necesario en el Congreso para sus reformas, en un escenario parlamentario donde LLA, si bien creció, sigue dependiendo de alianzas para alcanzar el quórum.
Nacionales
El Congreso Post-Elecciones Legislativas 2025: Un nuevo mapa de poder y desafíos para el quórum
Con un crecimiento histórico, LLA se consolida como segunda fuerza tanto en Diputados (80 bancas) como en Senadores (18), desafiando el poder del Peronismo (99 y 28 respectivamente). El nuevo Congreso estará fragmentado y la aprobación de cualquier ley dependerá de amplios acuerdos entre el oficialismo y bloques provinciales.
Los resultados de las Elecciones Legislativas Nacionales 2025 han reconfigurado drásticamente la composición de las Cámaras de Senadores y Diputados, mostrando un nuevo escenario político que obligará a intensas negociaciones para alcanzar consensos.
La Cámara Alta, compuesta por 72 bancas, presenta una configuración altamente fragmentada, con el quórum establecido en 37.
- Peronismo (Primera Minoría): Conserva la mayor cantidad de escaños con 28 bancas. Sin embargo, queda lejos de alcanzar el quórum por sí mismo, obligándolo a buscar aliados para cada votación.
- La Libertad Avanza (LLA): Consigue un bloque significativo de 18 bancas. Su crecimiento es clave, ya que se consolida como la segunda fuerza más importante en el Senado.
- PRO y UCR: El PRO obtiene 6 bancas y la UCR consigue 10 bancas. Si bien son bloques menores que en Diputados, su capacidad de alinearse con LLA o con el Peronismo será fundamental para definir mayorías.
- Otros: El bloque «Otros» suma 10 bancas, manteniendo su peso decisivo en el equilibrio de fuerzas.
El Peronismo (28) podría bloquear cualquier ley si se une a un grupo minoritario. Por su parte, el oficialismo de LLA (18) deberá tejer una alianza muy amplia, probablemente con el PRO (6), la UCR (10) y parte de «Otros» (10), sumando un mínimo de 44 bancas (18+6+10+10), para alcanzar una mayoría estable. La dinámica del Senado dependerá de los acuerdos puntuales que LLA logre cerrar con los bloques provinciales y opositores.
Por su parte, en la Cámara Baja, el cambio más significativo es el crecimiento exponencial de La Libertad Avanza (LLA). El partido, que en la «Cámara Actual» contaba con 37 bancas, proyecta alcanzar 80 bancas en la «Próxima Cámara», sumando un impresionante diferencial de 43 diputados. Este salto los convierte en la segunda fuerza más grande, casi duplicando su representación y posicionándose como un actor ineludible en cualquier discusión parlamentaria. Su desafío será transformar este crecimiento numérico en capacidad de gobernabilidad, requiriendo alianzas y negociaciones constantes.
El Peronismo logra mantener su posición como la primera minoría con 99 bancas, sin registrar cambios respecto a la Cámara actual. Si bien conservan un bloque numeroso, la cifra de 99 diputados los deja por debajo del quórum de 129, lo que significa que necesitarán de otras fuerzas para aprobar leyes cruciales. Su capacidad de negociación y articulación con bloques más pequeños será clave para su agenda legislativa.
Los partidos tradicionales de centro y centro-derecha sufren un retroceso. El PRO pasa de 35 a 24 bancas (-11), mientras que la UCR disminuye de 14 a 6 bancas (-8). Incluso, la «UCR Disidente» reduce su presencia de 12 a 3. Esta tendencia de achicamiento de los bloques tradicionales fragmenta aún más el centro del espectro político, haciendo más compleja la construcción de mayorías estables. El desdibujamiento de estas fuerzas podría favorecer la polarización o, por el contrario, obligar a una mayor flexibilidad y negociación multipartidaria.
Surgen con más fuerza «Provincias Unidas» (antes 24, ahora 8 bancas), aunque sufre una caída de 16, y «Encuentro Federal» (de 15 a 8 bancas (-7)), que también experimenta un retroceso. El bloque de «Izquierda» se mantiene relativamente estable con 4 bancas (+1). El apartado «Otros» se reduce significativamente de 40 a 25 bancas (-15), lo que sugiere una reabsorción de algunos legisladores en los bloques más grandes o la desaparición de agrupaciones menores.
El Desafío del Quórum: Un Congreso de negociación constante
El principal corolario de esta nueva configuración es la dificultad para alcanzar el quórum de 129 diputados. Ninguna fuerza política, por sí sola o incluso en alianzas directas obvias, lo logra holgadamente.
- El Peronismo (99 bancas) necesitará sumar al menos 30 diputados de otros bloques.
- La Libertad Avanza (80 bancas) requerirá de al menos 49 diputados adicionales para lograr quórum propio, lo que implica una negociación con el PRO, quizás «Encuentro Federal» y otros bloques.
Este escenario predice un Congreso mucho más fragmentado, donde la aprobación de cada ley será el resultado de arduas negociaciones, consensos y concesiones entre las diversas fuerzas políticas. La capacidad de diálogo, el pragmatismo y la habilidad para construir puentes serán habilidades esenciales para los líderes de cada bloque en esta «Próxima Cámara».
Nacionales
Milei y Quintar: cómo manejan el PAMI mientras los jubilados pagan el precio
El manejo del PAMI por parte de Milei y Quintar genera preocupación entre sectores sociales y políticos. Denuncias y documentos señalan que decisiones estratégicas en la designación de cargos y la gestión de servicios esenciales podrían beneficiar intereses privados, mientras jubilados y personas con discapacidad enfrentan demoras y obstáculos en el acceso a sus derechos.
Lo que durante meses circulaba como rumor en ámbitos políticos y administrativos de Jujuy, hoy se confirma con documentos y testimonios: la distribución discrecional de cargos en organismos nacionales y provinciales se habría convertido en una práctica consolidada, con el PAMI y la ANSES como escenarios centrales.
Fuentes oficiales señalan que Martín y Lule Menem habrían intervenido directamente en la designación de funcionarios, favoreciendo allegados y estructuras de confianza, dejando en evidencia una red de influencia que compromete la transparencia del sistema previsional.
En el ámbito local, el diputado Manuel Quintar aparece como beneficiario de estas decisiones. Según denuncias recibidas por este medio, Quintar habría colocado como director del PAMI provincial a Evaristo Bautista, administrador de su propia clínica privada, Los Lapachos. La movida generaría un evidente conflicto de intereses, al concentrar el control del servicio público y la gestión de su negocio particular en un mismo espacio.
Las irregularidades alcanzan también a la emisión de certificados de la ANDIS, requisito indispensable para que personas con discapacidad accedan a pensiones. Informes internos indican que dichos certificados provienen de la clínica de Bautista, generando un circuito cerrado que beneficia directamente al diputado, mientras los beneficiarios enfrentan demoras y trabas burocráticas que afectan sus derechos.
El panorama se completa con la participación del senador Ezequiel Atauche, quien según allegados a la gestión provincial habría respaldado estas designaciones, reforzando la percepción de complicidad política en torno a estas decisiones.
Consultados por este medio, voceros de PAMI y ANSES se limitaron a señalar que todas las designaciones se ajustan a la normativa vigente, sin entrar en detalles sobre los posibles conflictos de intereses ni la gestión de recursos destinados a jubilados y personas con discapacidad.
Las denuncias plantean interrogantes sobre la administración de fondos públicos y la ética en la designación de funcionarios, poniendo en el centro del debate la necesidad de mecanismos de control más estrictos y transparentes, que garanticen que los recursos destinados a los sectores más vulnerables no sean utilizados para favorecer intereses privados.
Mientras tanto, jubilados y beneficiarios continúan sufriendo retrasos en trámites y servicios, evidenciando una brecha entre las decisiones políticas y las necesidades reales de la población.
El caso promete derivar en investigaciones más profundas, tanto administrativas como judiciales, para determinar si los designios políticos han comprometido el derecho a la salud y a la seguridad social de los ciudadanos de Jujuy.
