En el marco de un complejo expediente por violencia intrafamiliar y de género, el fiscal penal Oscar López Ibarra —interino al frente de la Fiscalía Penal N° 3 de Violencia Familiar y de Género de Metán— imputó provisionalmente a una mujer de 45 años por una serie de graves delitos cometidos en perjuicio de su propia familia.
La acusación formal comprende los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas (dos hechos) en concurso real contra su madre; amenazas (dos hechos) contra su hermano y su cuñada; e infracción por desobediencia judicial, todo bajo la figura de concurso real.
Brutal agresión física y amenazas de muerte
El primer expediente judicial se abrió a partir de la denuncia presentada por la madre de la acusada, una persona mayor de 71 años de edad con quien compartía vivienda en el barrio Alberdi de la ciudad de Metán.
Según consta en las actuaciones del Ministerio Público Fiscal, el hecho principal ocurrió en marzo de este año, cuando la imputada atacó físicamente a la anciana tomándola violentamente del cuello y comprimiéndolo, causándole lesiones corporales que fueron ratificadas mediante el correspondiente examen médico forense del Poder Judicial. Con posterioridad a la agresión, la mujer continuó hostigando a su madre profiriéndole severas amenazas de muerte.
La segunda causa penal se acumuló tras las presentaciones judiciales formuladas por el hermano y la cuñada de la imputada. Ambos denunciaron que la acusada amenazó repetidamente con atentar contra sus vidas y con incendiar inmuebles de su propiedad, además de provocar intencionalmente cortes en el suministro eléctrico de viviendas que la familia destinaba al alquiler.
A todo este cuadro se suma la constatación de que la mujer incumplió de forma reiterada la medida cautelar de exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento a un perímetro de 200 metros, órdenes de las cuales ya había sido notificada formalmente por la Justicia.
Para sustentar la batería de imputaciones, la Fiscalía reunió valiosos elementos de convicción, entre los que destacan informes psicológicos, exámenes médicos, actas policiales, relevamientos ambientales y capturas de pantalla de mensajes intimidatorios enviados a través de la aplicación WhatsApp.
