Lo que durante meses circulaba como rumor en ámbitos políticos y administrativos de Jujuy, hoy se confirma con documentos y testimonios: la distribución discrecional de cargos en organismos nacionales y provinciales se habría convertido en una práctica consolidada, con el PAMI y la ANSES como escenarios centrales.
Fuentes oficiales señalan que Martín y Lule Menem habrían intervenido directamente en la designación de funcionarios, favoreciendo allegados y estructuras de confianza, dejando en evidencia una red de influencia que compromete la transparencia del sistema previsional.
En el ámbito local, el diputado Manuel Quintar aparece como beneficiario de estas decisiones. Según denuncias recibidas por este medio, Quintar habría colocado como director del PAMI provincial a Evaristo Bautista, administrador de su propia clínica privada, Los Lapachos. La movida generaría un evidente conflicto de intereses, al concentrar el control del servicio público y la gestión de su negocio particular en un mismo espacio.
Las irregularidades alcanzan también a la emisión de certificados de la ANDIS, requisito indispensable para que personas con discapacidad accedan a pensiones. Informes internos indican que dichos certificados provienen de la clínica de Bautista, generando un circuito cerrado que beneficia directamente al diputado, mientras los beneficiarios enfrentan demoras y trabas burocráticas que afectan sus derechos.
El panorama se completa con la participación del senador Ezequiel Atauche, quien según allegados a la gestión provincial habría respaldado estas designaciones, reforzando la percepción de complicidad política en torno a estas decisiones.
Consultados por este medio, voceros de PAMI y ANSES se limitaron a señalar que todas las designaciones se ajustan a la normativa vigente, sin entrar en detalles sobre los posibles conflictos de intereses ni la gestión de recursos destinados a jubilados y personas con discapacidad.
Las denuncias plantean interrogantes sobre la administración de fondos públicos y la ética en la designación de funcionarios, poniendo en el centro del debate la necesidad de mecanismos de control más estrictos y transparentes, que garanticen que los recursos destinados a los sectores más vulnerables no sean utilizados para favorecer intereses privados.
Mientras tanto, jubilados y beneficiarios continúan sufriendo retrasos en trámites y servicios, evidenciando una brecha entre las decisiones políticas y las necesidades reales de la población.
El caso promete derivar en investigaciones más profundas, tanto administrativas como judiciales, para determinar si los designios políticos han comprometido el derecho a la salud y a la seguridad social de los ciudadanos de Jujuy.
