El plan económico del Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo de ajuste con la publicación de la Decisión Administrativa 20/2026. En un movimiento coordinado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se dispuso un recorte de $63.000 millones en el Ministerio de Salud, impactando en programas que van desde el tratamiento del cáncer hasta la lucha contra el VIH.
Uno de los puntos que mayor sensibilidad despertó es el recorte de $5.000 millones en las partidas destinadas a la investigación, detección temprana y tratamiento del cáncer. Esta medida coincide con la disolución administrativa del Instituto Nacional del Cáncer (INC), cuyas tareas ahora dependen directamente de la estructura central del Ministerio de Salud.
Desde la Casa Rosada defendieron la medida asegurando que se trata de un «ahorro administrativo» que elimina alquileres y estructuras duplicadas, permitiendo una compra centralizada de drogas de alto costo. Según fuentes oficiales, la entrega de medicación oncológica para personas sin obra social o prepaga está “completamente garantizada”.
Sin embargo, la realidad que perciben los profesionales de la salud es más compleja. El doctor Rubén Kowalyszyn, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, manifestó su preocupación ante el posible deterioro de un sistema que ya arrastra fallas históricas. «Esta medicación salva, prolonga y mejora la calidad de vida. Nos preocupa que se sume una dificultad adicional a un acceso que ya es inequitativo en la Argentina», señaló.
Los especialistas advierten que, en contextos de crisis económica, cualquier demora en los expedientes de la Dinadic (Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria) o del Banco de Drogas Especiales puede tener consecuencias irreversibles para los pacientes.
El ajuste total de la cartera sanitaria se desglosa en varias áreas clave para el interior del país y los sectores más vulnerables. Se redujeron $25.000 millones en transferencias destinadas a las provincias. Hubo un recorte de $20.000 millones en la compra de medicamentos y tecnología médica. Además, la partida para la respuesta al VIH, hepatitis virales y tuberculosis sufrió una baja de $800 millones.
Desde el Ministerio de Economía insisten en que estos movimientos son «adecuaciones presupuestarias» que buscan la eficiencia del Estado y no una desinversión en salud esencial. Aseguran que el objetivo es financiar directamente a las instituciones sin intermediarios, cumpliendo con las metas fiscales y los acuerdos con el FMI.
Mientras tanto, pacientes y médicos permanecen en estado de alerta, esperando que la «eficiencia» prometida no se traduzca en una interrupción de los tratamientos que mantienen con vida a miles de argentinos.
