En una polémica sesión, la Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción a una reforma recortada de la Carta Municipal de Salta Capital. Entre las modificaciones más cuestionadas, el cuerpo legislativo resolvió de manera explícita que no será necesario contar con título secundario para asumir una banca como concejal capitalino.
La medida tira por tierra el trabajo de los convencionales municipales electos por el voto popular, quienes habían incorporado la finalización de los estudios secundarios como un requisito elemental de idoneidad para redactar ordenanzas y administrar los tributos de los vecinos. Para justificar la poda, las comisiones del Senado argumentaron que la exigencia educativa «limitaba los derechos políticos de los ciudadanos» y atentaba contra la igualdad de condiciones.
El contraste social es inevitable y escandaloso: mientras a cualquier joven o trabajador de a pie se le exige el analítico secundario para acceder al empleo más básico, a quienes aspiran a definir las normas de la ciudad capital se les allana el camino institucional para legislar sin acreditar la educación obligatoria formal.
La eliminación del requisito formativo no fue el único recorte que aplicó la Cámara alta. En una defensa cerrada de las prácticas tradicionales, los legisladores también eliminaron del texto:
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La regulación de la publicidad oficial: Borraron de un plumazo los límites a los fondos públicos destinados a propaganda política, bajo el pretexto de que «excedían el objeto de la reforma».
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Límites a mandatos y reforma judicial: Se descartaron los artículos que buscaban regular la duración de los cargos y alterar la estructura de los tribunales municipales.
Pese a que desde la mayoría buscaron restarle dramatismo al conflicto señalando que no se trató de un rechazo integral, el Senado dejó un precedente sumamente cuestionable al consagrar que para legislar en la capital no hace falta formación básica. La iniciativa pasó ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento final.
