El juez de Violencia Familiar y de Género de Metán, Carmelo Eduardo Paz, dictó medidas en contra de un funcionario de la Municipalidad de Rosario de la Frontera.
Ello en el marco de dos causas que se iniciaron por violencia laboral a dos empleadas del área a su cargo, quienes lo denunciaron aduciendo haber sido amenazadas con extinguir el vínculo laboral por ser supuestamente designadas en la gestión anterior.
En ese sentido, el hombre deberá abstenerse de ejercer actos de violencia física o psicológica, insultar o llamar por teléfono a las denunciantes. Tampoco podrá mandarles mensajes de texto ni publicar en las redes sociales, proferir palabras agraviantes, herir o amenazarlas. No podrá consumir bebidas alcohólicas ni drogas o usar armas.
No podrá acercarse al domicilio particular de las dos mujeres, debiendo mantener una distancia de doscientos metros de ellas, de los lugares donde concurran, excepto al lugar de trabajo, donde la distancia que deberán mantener las partes serán las que permita el desarrollo de sus tareas.
El hombre deberá realizar una capacitación en realidades y perspectiva de género o Ley Micaela, y procurará que las disposiciones laborales a realizar por las dos denunciantes sean transmitidas por interpósita persona.
