Lo que comenzó como inscripciones aisladas en los baños de los establecimientos educativos de Metán se transformó en una crisis institucional que obligó a la Justicia a intervenir con medidas sin precedentes: la prohibición del ingreso con mochilas y cartucheras en el Colegio Secundario José Manuel Estrada.
La situación crítica se originó el viernes pasado, cuando la directora del Colegio Estrada, Claudia Cantolla, radicó una denuncia formal tras el hallazgo de amenazas de un presunto tiroteo escritas en un baño. El lunes, el hecho se repitió, lo que llevó a los directivos a implementar restricciones preventivas sobre el material escolar que los alumnos llevan a clases.
Ante la gravedad de los antecedentes, el juez del Juzgado de Menores N° 3, Dr. Ramón Haddad, ratificó mediante una orden judicial que la totalidad de los alumnos regulares deben ser notificados: el ingreso al establecimiento debe realizarse sin portar mochila ni cartuchera hasta nuevo aviso.
Desde el equipo directivo de la institución informaron que se encuentran trabajando bajo los lineamientos de la Secretaría de Gestión Educativa, con intervención directa de los ministerios de Educación y Seguridad.
«Solicitamos a los padres y tutores dialogar en el hogar sobre la responsabilidad que conllevan estas acciones y sus consecuencias», destacaron desde la escuela, haciendo un llamado a la conciencia social para frenar la psicosis generada.
El problema no se limita al Colegio Estrada. La Crio. Claudia Aguirre, segunda directora del Distrito de Prevención 3, confirmó que las leyendas con amenazas —encontradas en baños, paredes y bancos— se han extendido al Colegio Juan Carlos Dávalos, donde su directora ya radicó la denuncia, Escuelas Vucetich y Melián, las cuales se encuentran bajo vigilancia y verificación policial y la Escuela Técnica N° 3.133, que si bien no hay denuncia formal aún, se trabaja intensamente en la prevención y concientización con los alumnos y padres.
La Policía de la Provincia mantiene controles y verificaciones constantes en las zonas escolares. Mientras tanto, los organismos provinciales centralizan la información para evitar la difusión de noticias falsas que alimenten el pánico. La justicia busca determinar si se trata de «bromas» de mal gusto o de una amenaza real, pero la orden es clara: la prioridad absoluta es resguardar la integridad física de toda la comunidad educativa.
Fuente: El Tribuno
