En el marco de una audiencia flexible y multipropósito presidida por el juez de Garantías de Metán, Ramón Haddad, se dictaron condenas contra dos jóvenes implicados en diversos hechos delictivos ocurridos entre 2023 y 2024 en esta ciudad. La resolución judicial tuvo lugar luego de que las partes manifestaran su voluntad de llegar a un acuerdo de juicio abreviado.
La causa principal se originó a partir de una denuncia por hurto calificado, formulada tras la sustracción de una motocicleta. El hecho ocurrió el 21 de julio de 2024, cuando la víctima descubrió la ausencia del rodado —que había sido dejado sin medidas de seguridad en la vereda de una vivienda del barrio Villa Beba— al salir de su domicilio pasadas las dos de la madrugada.
Durante la etapa investigativa, el Ministerio Público Fiscal acumuló otros hechos atribuidos a los mismos imputados. Entre ellos, se contabilizaron daños materiales, amenazas con arma blanca y amenazas con armas, todos cometidos el 5 de agosto de 2023 en Rosario de la Frontera, y en perjuicio de un grupo de personas identificadas en la causa.
En la audiencia, los imputados —de 22 y 23 años, respectivamente— reconocieron los hechos atribuidos y consintieron la imposición de la pena, conforme lo establece el procedimiento de juicio abreviado. En consecuencia, el juez Haddad resolvió condenar al primero a la pena de un año y tres meses de prisión de ejecución condicional, como autor penalmente responsable de los delitos de hurto calificado (dos hechos) y daños.
El segundo imputado recibió una pena de un año de prisión condicional, al ser hallado culpable de los delitos de daños y amenazas con arma blanca, cometidos también en agosto de 2023. Ambos fueron absueltos del delito de abuso de armas y amenazas con armas, a raíz del desistimiento formal de la acción penal por parte de la parte querellante.
Asimismo, como condición para mantener la ejecución condicional de las penas, se impusieron reglas de conducta a cumplir por el término de dos años. De verificarse un incumplimiento injustificado, el beneficio podría ser revocado conforme a la legislación penal vigente.
