La Justicia salteña dio un paso determinante al blindar la condena impuesta a un maestro del sur provincial acusado de vulnerar la integridad de una menor de edad. El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, fue notificado formalmente de la resolución de la Sala III del Tribunal de Impugnación, la cual confirma en todos sus términos la sentencia dictada en su contra.
El fallo del tribunal revisor, emitido el pasado 14 de mayo, se dio en el marco del rechazo al recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado. Los abogados defensores buscaban revertir el veredicto originario del Tribunal de Juicio (Sala II), que había hallado al educador culpable, imponiéndole la pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
De acuerdo con las constancias de la investigación preparatoria y el debate oral, los aberrantes episodios se perpetraron en el interior de un establecimiento educativo de la localidad de La Candelaria. Las agresiones se consumaron en fechas imprecisas, aprovechando el contexto de asimetría de poder, autoridad y confianza que poseía el acusado sobre la víctima.
Pérez se desempeñaba como docente de la adolescente damnificada en el momento de los hechos. Según constató la fiscalía, el condenado sometió a la alumna de manera reiterada a «tratos inadecuados con un marcado contenido sexual», corrompiendo el espacio escolar que debía constituir un entorno seguro de cuidado, socialización y aprendizaje.
Al analizar los agravios y cuestionamientos planteados por la defensa de Pérez, los magistrados del Tribunal de Impugnación determinaron que la sentencia condenatoria de primera instancia se encuentra sólidamente fundamentada.
El tribunal de alzada concluyó que existió una valoración suficiente, lógica y unánime de todo el material probatorio producido durante las audiencias de debate (testimoniales, pericias psicológicas e informes ambientales), por lo que resolvieron rechazar de plano los planteos defensivos y confirmar la calificación legal por el delito de abuso sexual simple agravado (artículo 119 del Código Penal). Al tratarse de una pena condicional, el docente continuará en libertad sujeto a estrictas reglas de conducta y la inmediata exclusión de cualquier ámbito escolar.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
