El marco legal que regula la atención de la salud mental en la Argentina se encamina a una profunda transformación. Tras un prolongado debate en comisiones, el proyecto de reforma de la Ley 26.657 obtuvo dictamen para ser tratado en el recinto del Senado, impulsando modificaciones estructurales en la abordaje de cuadros agudos y adicciones.
El eje central de la iniciativa radica en la revisión del criterio para ordenar una internación involuntaria. El texto actual exige la presencia de un «riesgo cierto e inminente» (interpretado habitualmente en las guardias como un peligro inmediato o «del aquí y ahora»), requisito que es reemplazado por la figura de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física» de la persona o de terceros. Con este cambio, los profesionales podrán disponer la internación evaluando antecedentes y conductas de riesgo previas, sin la necesidad de esperar a que la emergencia sea inminente.
Entre los principales aspectos técnicos que introduce la reforma se destacan:
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Evaluación profesional: La indicación de internación deberá ser firmada por un médico (preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental) junto a otro profesional (preferentemente psicólogo), además de notificarse a la Justicia en un plazo que se extiende de 10 a 24 horas.
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Diagnóstico y terminología: Reemplaza la denominación «padecimiento mental» por «afección o trastorno de salud mental», revalorizando la evaluación médica para descartar patologías orgánicas con sintomatología psíquica antes de determinar el tratamiento.
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Sustancias y adicciones: Reafirma la inclusión de las adicciones dentro del campo de la salud mental e incorpora explícitamente a la ludopatía.
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Directivas anticipadas y egreso: Permite a los pacientes dejar expresado qué tratamientos aceptan o rechazan de antemano y exige la confección de un plan interdisciplinario con seguimiento posterior al alta.
El proyecto también reabrió el debate sobre la infraestructura del sistema sanitario. Mientras diversos sectores psiquiátricos señalan las dificultades que generó la meta fijada en 2010 para el cierre de los hospitales monovalentes (como el Borda) y reclaman redes diferenciadas con instituciones especializadas para cuadros severos, el texto normativo consensuado mantiene la prohibición de las instituciones de encierro de tipo manicomial, promoviendo la atención en hospitales generales y el control judicial periódico de las medidas.
