Una auditoría sobre las cuentas del municipio de Rosario de la Frontera amenaza con convertirse en un verdadero escándalo, no tanto por los resultados, sino por las circunstancias externas en las que se desarrolló y se difundió el informe.

La auditoría corresponde a las cuentas del ejercicio del año 2017 y sus resultaron salieron a la luz en las últimas horas difundidas por el propio auditor Mariano San Millán, quien comunicó las novedades y al mismo tiempo elevó a la Procuración un pedido de promoción de acción penal ante la posible comisión de delito.

En su carácter de auditor general del Area II, Mariano San Millán destacó en distintos medios de prensa que el recuento documental del informe señala varias irregularidades contables detectadas en el municipio que encabeza el intendente Gustavo Solís. Entre ellas mencionó un contrato varias veces millonario con una prestadora que estaba inhibida por la AFIP a quien se le entregaron cheques a cobrar en un mismo día. También aseguró que hubo facturas mellizas y facturaciones de hace dos años atrás. Pagos por anticipado, la imposibilidad de comprobar si realmente se cumplió con la prestación de los servicios y la actividad en el municipio de la fundación Sagrado Corazón, fueron otras de las irregularidades que señaló San Millán en el informe.

«Persecución política»

La difusión del mismo fue tomada por el intendente Gustavo Solís como una «animosidad y evidente persecución política» en su contra.»Con fecha 22 de octubre me comunican que tenía aprobada la auditoría de 2019. La de 2017 estaba durmiendo y después de dos años y medio de tenerla cajoneada, se dan cuenta de que hay una supuesta irregularidad. Lo más sospechoso es que salió en los medios y a mí nunca me comunicaron, ni me notificaron de nada», señaló el jefe comunal.

Para Solís, la auditoría del ejercicio 2017 y su difusión tuvo una «intensidad inusitada». Recordó que en las investigaciones llegaron a perforar las cuadras pavimentadas para verificar el tipo de hormigón que se utilizó y «todo dio normal».

«Enviamos toda la documentación requerida y hubo papeles que se perdieron en el camino y tuvimos que reenviarlos» aseguró.

Consultado sobre las denuncias puntuales del auditor San Millán, Solís admitió que hubo una misma factura con dos operaciones distintas por $170.000 y $210.000 por compras que sí fueron efectuadas. «Hubo una solicitud de recambio y así se hizo», dijo. Desmintió que existan contratos con empresas fantasma y sostuvo que la hormigonera a la que hace referencia la auditoría es una empresa que presta servicios desde la época de la exintendenta Rómula Gómez.

Finalmente Solís se refirió a la fundación Sagrado Corazón, que es una organización intermedia mediante la cual se realizaron contraprestaciones por fondos nacionales y que fueron certificados por la Sindicatura General de la Provincia y la Auditoría General de la Nación.

Daño a la institucionalidad

“No tenemos nada que ocultar. Sabemos que todo esto viene de más arriba y que es una persecución política en mi contra. Pero es una vergüenza que se haya utilizado a un organismo imparcial del Estado como una herramienta de apriete político. Esto es inaudito. Llamo a la reflexión por el perjuicio que se genera a la institucionalidad de la Provincia, porque usar la Auditoría para someter a los municipios es por lo menos un acto repudiable”, aseguró Solís.
“Se puede construir a través del disenso. No por pensar distinto sos el enemigo”, reflexionó Solís.

Fuente: El Tribuno