El Gobierno de la Provincia de Salta aprobó formalmente mediante el Decreto Provincial N° 493, publicado este martes en el Boletín Oficial, el acuerdo financiero alcanzado con el Estado nacional en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El entendimiento, que busca ordenar los compromisos financieros pendientes entre ambas jurisdicciones, incluye letras chiquitas de fuerte impacto económico, judicial y político.
Tras el cruzamiento técnico de las acreencias y deudas mutuas, el balance arrojó un saldo definitivo de casi $266.000 millones a favor de la Nación. Sin embargo, las cláusulas del convenio fijan condicionalidades estrictas que la provincia deberá asumir.
Renuncia a reclamos por el FONID y decretos de 2019
El aspecto judicial es uno de los puntos de mayor resonancia. Como condición indispensable para ratificar el acuerdo, Salta se compromete a desistir de las acciones legales y derechos en causas judiciales iniciadas contra el Gobierno nacional.
Entre los expedientes alcanzados figura el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación originado por los decretos nacionales 561 y 567 del año 2019 (modificaciones al Impuesto a las Ganancias y IVA que afectaron la coparticipación provincial).
Asimismo, queda sin efecto la demanda de amparo interpuesta por Salta contra el Estado nacional tras el recorte y eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un reclamo histórico de la docencia salteña. Para la validez del acuerdo, el convenio deberá ser presentado ante los tribunales correspondientes para su homologación y sobreseimiento.
Auditoría y reporte periódico de las finanzas salteñas
Otro punto central establece que Salta asume una obligación de reporte continuo frente a la Secretaría de Hacienda de la Nación. De manera periódica, las autoridades provinciales deberán suministrar información detallada sobre el gasto en personal público, los pasivos y compromisos financieros tomados por la Provincia, el estado del Tesoro provincial y saldos bancarios, las transferencias y fondos otorgados a los municipios salteños y la información sobre recaudación de impuestos provinciales y esquemas tarifarios de servicios públicos.
La firma del acuerdo significa para la provincia la resolución de pasivos cruzados con la Casa Rosada, pero a costa de desactivar pleitos judiciales clave por fondos de coparticipación y salarios docentes, al tiempo que acepta un esquema de mayor supervisión y monitoreo sobre sus cuentas públicas por parte de los organismos nacionales.
